La captura de Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, respectivos expresidentes del Senado y Cámara de Representantes, sirve para confirmar que la corrupción en Colombia dejó de ser una práctica inmoral, para convertirse en una insuperable tara civilizatoria (cultural).
Más allá de si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite fallos condenatorios contra estas dos figuras políticas, lo cierto es que el escándalo mediático y político está servido. Eso sí, será uno más en la larga historia de las algarabías provocadas por una clase política sucia, inmoral y criminal. Baste con recordar el Proceso 8.000 y el caso de Odebrecht para comprender los titulares, los fallos, compulsas de copias, principios de oportunidad y condenas irrisorias terminan animando el actual circo mediático.
Con la exposición pública de las capturas de Name y Calle no se cuestiona el ethos mafioso que como sociedad naturalizamos, porque sagazmente los medios de comunicación y específicos periodistas vedettes las conectan con el crispado ambiente político, evitando así darle el lugar cultural que tiene el origen de las medidas de aseguramiento: la sempiterna corrupción público-privada.
Nótese que a los periodistas no les preocupa la corrupción como tara cultural o civilizatoria, sino las conexiones políticas e ideológicas que les permitieron a Name y a Calle acceder a los recursos de la UNGRD de la mano de Olmedo López y otros agentes políticos.
El silencio ensordecedor de la clase empresarial, de la academia, de la Iglesia Católica y de otras congregaciones dan cuenta de que los actos de corrupción en los que según la CSJ incurrieron Calle y Name se asumen como parte del paisaje. Nadie, desde esos sectores de poder societal se atreven a gritar: “¡paren ya de robar?!” Quizás ese estridente mutismo se explica porque al interior del empresariado, de las universidades y de las iglesias el ethos mafioso se entronizó a más no poder.
La función educativa de las empresas mediáticas queda proscrita por el afán compartido de afectar la imagen del actual gobierno, responsable en parte de lo ocurrido al interior de la UNGRD. Al evitar exponer la corrupción como un grave problema cultural, los medios se vuelven cómplices de una problemática que ya alcanzó el carácter civilizatorio y que impide pensar que es posible proscribir el ethos mafioso sobre el que se sostiene la corrupción público-privada.
Ni siquiera se atreven a recoger la idea de “reducir la corrupción a sus justas proporciones” propuesta por el político-genio de Julio César Turbay Ayala, porque las empresas mediáticas terminan beneficiándose de los políticos corruptos con la entrega de pauta, la filtración de documentos y la disposición como fuentes para recrear verdades, sugerir o matizar crisis, desestabilizar gobiernos o, por el contrario, cerrar filas en torno a estos. Así las cosas, quienes insistan en decir que “van a acabar con la corrupción, salvar a Colombia, recuperar moralmente al país o ‘resetear’ la política”, mienten porque parten del mismo error de los medios: no reconocen que la corrupción en Colombia responde a una tara civilizatoria superable con una revolución cultural.
@germanayalaosor
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