Por CARLOS MEDINA GALLEGO*
Entre la promesa del cambio y la responsabilidad de gobernar.
Hay una forma fácil de analizar el gobierno de Gustavo Petro es celebrarlo sin reservas o condenarlo sin matices. Ninguna de las dos sirve. La primera es propaganda; la segunda, simplificación. Lo que exige este momento es algo más difícil: un juicio ponderado, que reconozca la densidad de los avances y la gravedad de las deficiencias, sin sacrificar rigor por comodidad ideológica.
Este no ha sido un gobierno irrelevante. Tampoco uno coherente en todas sus dimensiones. Ha sido, más bien, un experimento político de alta intensidad: reformista en su horizonte, irregular en su ejecución y tensionado en su forma de ejercer el poder, está es la tesis central de este ensayo.
I. LOGROS SUSTANTIVOS: avances que deben ser reconocidos sin ambigüedad
Sería intelectualmente deshonesto negar que el gobierno ha producido resultados relevantes en el plano social. La reducción de la pobreza monetaria y extrema, así como la disminución de la pobreza multidimensional, configuran un avance concreto en las condiciones de vida de millones de colombianos. No se trata de una percepción, sino de evidencia empírica.
Estos resultados no son accidentales. Responden a una combinación de decisiones: ampliación de transferencias, sostenimiento del gasto social, recuperación del empleo y cierta estabilidad macroeconómica en medio de un entorno internacional complejo. En un país históricamente marcado por desigualdades persistentes, estos avances tienen un valor estructural.
A ello se suma la consolidación de la política de gratuidad en la educación superior pública, que amplía el acceso de sectores históricamente excluidos, y la aprobación de reformas como la pensional y la laboral, que —más allá de sus controversias— reabren el debate sobre el modelo de protección social.
En el ámbito rural, el logro de avances que durante décadas parecían políticamente inviables: formalización de la propiedad, impulso a la reforma agraria y creación de la jurisdicción agraria. No es una transformación total, pero sí un desplazamiento significativo respecto a la inercia histórica.
En materia ambiental, la reducción de la deforestación en 2023 y el liderazgo en la agenda internacional de biodiversidad no solo tienen valor simbólico, sino que posicionan a Colombia como un actor relevante en un campo estratégico global. La transición energética, aunque incipiente, también muestra avances concretos.
En síntesis, el gobierno ha logrado mover variables estructurales que otros gobiernos apenas administraron. Y ese mérito debe ser reconocido con claridad, no solo por los esfuerzos realizados sino por las conquistas alcanzadas en un ambiente político y legislativo a absolutamente adverso.
II. LAS DEFICIENCIAS: donde la política pública no alcanza a convertirse en Estado
Los logros no anulan las deficiencias. Y algunas de ellas son críticas.
El principal problema del gobierno ha sido su dificultad para traducir su impulso reformista en una capacidad estatal consistente. No basta con diseñar políticas; es necesario implementarlas de manera sostenida, coordinada y eficaz.
En el frente de la seguridad, esta limitación es evidente. El aumento del secuestro, la persistencia de la extorsión y la expansión de los grupos armados ilegales indican que el Estado no ha logrado consolidar control territorial en regiones estratégicas.
La política de “Paz Total”, aunque conceptualmente relevante, ha enfrentado dificultades en su implementación, especialmente en la verificación de compromisos y en la articulación con la fuerza pública.
Este no es un problema menor ni atribuible únicamente a este gobierno. Es una debilidad estructural del Estado colombiano. Pero lo cierto es que la apuesta del gobierno no ha logrado revertirla, y en algunos contextos ha coincidido con una reconfiguración —no una reducción— de las dinámicas de violencia.
En el plano económico, si bien no se ha producido una crisis, sí existen señales de alerta: déficit fiscal elevado, presión inflacionaria y caída de la inversión en sectores clave. Esto sugiere que la política social, aunque efectiva en el corto plazo, enfrenta restricciones estructurales que deben ser gestionadas con mayor disciplina y previsión.
En el ámbito institucional, la inestabilidad del gabinete, los errores en el trámite de reformas y los conflictos recurrentes con otras ramas del poder reflejan una dificultad para construir gobernabilidad en un sistema democrático complejo, Donde el gobierno no tiene Estado.
III. CAUDILLISMO, CLIENTELISMO y CORRUPCIÓN: tensiones no resueltas
Aquí aparece una de las tensiones más delicadas del gobierno: la relación entre su discurso de cambio y sus prácticas políticas.
Es innegable que el liderazgo presidencial ha tenido un peso determinante en la conducción del gobierno. En ciertos momentos, esa centralidad ha permitido impulsar decisiones estratégicas; en otros, ha contribuido a la volatilidad y a la dificultad para consolidar equipos y políticas de largo plazo.
Más problemático aún es el hecho de que el gobierno no ha logrado desmontar completamente las lógicas clientelares que estructuran la política colombiana. La necesidad de construir mayorías legislativas ha llevado a acuerdos que, aunque comprensibles desde el punto de vista pragmático, tensionan el discurso de renovación política.
Los episodios de corrupción —incluidos aquellos que han afectado a sectores cercanos al gobierno— no pueden ser relativizados. No porque definan la totalidad del proyecto, sino porque contradicen uno de sus pilares fundamentales: la promesa de una política distinta.
Sin embargo, sería igualmente injusto reducir el gobierno a estas prácticas. Lo que se observa no es una reproducción mecánica del pasado, sino una convivencia conflictiva entre nuevas apuestas y viejas inercias.
IV. LA RESPONSABILIDAD DE LA COALICIÓN: entre el compromiso y el oportunismo
El balance del gobierno no puede limitarse al Ejecutivo. Los sectores que lo acompañaron —desde la izquierda y el centro— tienen una responsabilidad directa en su desempeño.
Una parte de la izquierda asumió el poder como un espacio de transformación, pero otra lo entendió como un espacio de ocupación. En algunos casos, la lógica de la gestión pública fue reemplazada por la lógica de la militancia, y la construcción de política pública por la administración de cuotas.
El centro político, por su parte, no siempre actuó como un contrapeso deliberativo. En ocasiones, privilegió la negociación sobre la definición de principios, contribuyendo a una gobernabilidad basada más en transacciones que en acuerdos programáticos.
A esto se suma un rasgo que ha dificultado el desarrollo del gobierno: la arrogancia política. La tendencia a descalificar la crítica, a sobreestimar la legitimidad electoral y a subestimar la complejidad institucional ha limitado la capacidad de corrección y aprendizaje.
V. EL DEBER SER: condiciones para una política de transformación sostenible
Más que cerrar el debate, este balance debe abrirlo hacia una pregunta fundamental: ¿qué condiciones requiere un proyecto de transformación para ser sostenible?
Primero, FORTALECER LA CAPACIDAD ESTATAL. Sin presencia efectiva en el territorio, sin coordinación institucional y sin claridad operativa, ninguna política —por ambiciosa que sea— logra consolidarse.
Segundo, SUPERAR EL PERSONALISMO. El liderazgo es necesario, pero no puede sustituir la institucionalidad. La estabilidad de políticas y equipos es condición para resultados sostenibles.
Tercero, ROMPER DE MANERA EFECTIVA CON EL CLIENTELISMO. No como consigna, sino como práctica. Esto implica rediseñar los mecanismos de relación entre Ejecutivo y Legislativo, y fortalecer los sistemas de control.
Cuarto, ELEVAR EL ESTÁNDAR ÉTICO DEL GOBIERNO. La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni reactiva. Debe ser estructural.
Quinto, CONSTRUIR ACUERDOS POLÍTICOS AMPLIOS. Las transformaciones duraderas no se imponen; se negocian, se construyen y se sostienen en el tiempo.
PARA ABRIR UNA DISCUSIÓN SANA
El gobierno de Gustavo Petro deja un balance complejo, que no admite reducciones simplistas. Ha logrado avances reales en materia social, ambiental y reformista, pero ha enfrentado limitaciones significativas en seguridad, gobernabilidad y coherencia institucional.
No es un fracaso, pero tampoco una transformación consolidada. Es, más bien, un proceso en disputa. Y en esa disputa, el juicio más riguroso no es el que celebra ni el que condena, sino el que reconoce, exige y orienta. Porque la política no se agota en describir lo que fue, sino en definir lo que debe ser.
@CarlosMedinaG1
* Historiador- Analista Político