El camino que en Colombia recorre un producto agrícola antes de llegar a las manos de los campesinos es largo, regulado y, en teoría, minuciosamente vigilado. Pero detrás de los sellos oficiales, de los registros sanitarios y de los contratos con empresas extranjeras, pueden ocultarse prácticas que bordean la ilegalidad.
Este es el caso de un fertilizante importado desde Canadá y registrado en Colombia por una empresa nacional en calidad de titular, cuya historia revela una compleja trama de adulteración, posible contrabando, negligencia institucional y una lucha legal que ya supera los diez años.
Todo comenzó con la necesidad de una empresa canadiense de registrar un fertilizante en Colombia. Al no tener personería jurídica en el país, recurrieron a empresas colombianas. Así las cosas, en el año 2011 buscan a INDEPRO EU, una empresa colombiana que, conforme a la normatividad del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), podía actuar como titular del registro del producto. Este registro, al estar clasificado como «importado», implica una condición muy clara: el producto no puede ser modificado de ninguna manera al ingresar al país. Así lo exige la legislación colombiana para preservar las características físico-químicas del fertilizante aprobado.
Como titular, INDEPRO EU no distribuía ni comercializaba directamente el producto. Esa función la cumplía DelAgro S.A.S., una empresa aliada que solicitaba las autorizaciones de importación para poder traer el producto al país. Pero en este punto comenzó a desdibujarse el marco legal.
Transformación indebida y alteración del producto
Según los documentos y testimonios recopilados por la titular del registro, Carmen Helena Muñoz Zabaleta, DelAgro S.A.S. modificaba el fertilizante en una planta de insumos agrícolas en Espinal, Tolima, conocida como AGROZ S.A, que opera bajo el paraguas de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).
La transformación se realizaba bajo un protocolo enviado por un funcionario de Acadian Sea Plants, Juan Carlos Barreto, y elaborado por el ingeniero químico Luis Rolando Ríos Alzate, vinculado a Delagro. Este protocolo indicaba la adición de Vitaminas y Hormonas no contempladas en el registro original ante el ICA.
“Una gota de agua que se le aplique al producto lo desnaturaliza y lo convierte en algo distinto a lo aprobado”, sostiene la titular. No obstante, el producto era modificado y reempacado sin que el ICA interviniera oportunamente.
¿Canadá incumple la norma?
La reacción de la casa matriz canadiense, Acadian SeaPlants Limited, fue inicialmente de sorpresa. En 2018 la especialista en asuntos regulatorios, Betsabé Ortiz y el vicepresidente de Marketing de dicha empresa, Ron Taylor, viajaron a Colombia para reunirse con la titular y recibir las pruebas. Se elaboró un acta conjunta en la que ambas partes se comprometieron a denunciar los hechos.
Sin embargo, de forma inesperada, Acadian optó por reunirse directamente con el ICA el 22 de enero de 2019 sin la participación de la titular, y luego envió un correo en el que Ron Taylor le informaba de la decisión tomada, justificándola como sugerencia de los asesores legales de la empresa.
“Cuando vi esa actitud me fui sola a la Fiscalía”, explica la denunciante. “Si uno no denuncia, se vuelve cómplice”.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía de Ibagué en mayo de 2019. De allí fue trasladada a Espinal, donde se habrían cometido los hechos. Allí la investigación quedó inicialmente a cargo del fiscal Pedro Arce, cuya respuesta dejó perpleja a la denunciante.
“El fiscal me dijo que debía agradecer porque habían mejorado el producto”, relató Carmen Helena Muñoz Zabaleta. Ante tal comentario, exigió que lo pusiera por escrito. “Le dije que, si así era, entonces acabemos con el ICA y con el INVIMA, y que cada quien modifique los productos a su antojo”.
A pesar de las pruebas presentadas, incluyendo un informe técnico pericial elaborado por la reconocida científica Elena Stashenko de la Universidad Industrial de Santander (UIS), el caso fue enviado para ser archivado en 2024 por decisión de la fiscal Berta Florián, quien solo investigó uno de los delitos –alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida– y descartó el resto.
La situación alcanzó un nuevo nivel de desconcierto cuando se emitió una compulsa de copias dirigida contra funcionarios del ICA, pero con un grave error: la persona indiciada aparecía como la propia denunciante.
“Yo soy la víctima, no la acusada”, reclamó Muñoz, y explicó que este error ha impedido el avance del caso contra funcionarios del ICA. “Nadie en el SPOA me ha podido sacar de ese error”, denuncia. Según su abogado, este error judicial de colocar a la denunciante como Indiciada fue perverso y demuestra aún más las graves consecuencias que este hecho ha generado para la señora Muñoz Zabaleta y su empresa.
Papel del ICA
El ICA, ente que debió garantizar que el producto se mantuviera intacto y que las condiciones del registro se cumplieran, ha guardado silencio institucional. Aunque fue notificado formalmente con la misma información entregada a la Fiscalía, hasta la fecha no han emprendido acciones contundentes.
Esto deja en entredicho la eficacia del sistema de vigilancia y control sobre productos agropecuarios en Colombia y cuestiona qué tanto están protegidos los consumidores y productores agrícolas de prácticas ilegales.
En mayo de 2025, el caso sigue sin una sentencia definitiva. La denunciante espera que tras la salida de la doctora Floríán el nuevo fiscal revise los argumentos técnicos, escuche a los expertos y evalúe el contexto completo. “Yo no soy abogada, pero tengo claro lo que pasó”, afirma.
Este caso evidencia cómo la falta de vigilancia efectiva, la complicidad entre privados y el desinterés institucional pueden abrir la puerta a una cadena de delitos que afectan la salud del campo, la legalidad del comercio y la confianza ciudadana.
La historia del fertilizante canadiense modificado en el Espinal es una advertencia de lo que ocurre cuando el poder corporativo y la negligencia estatal se cruzan.