Nadie en Colombia somete a discusión que uno de los funcionarios más eficientes del gobierno de Gustavo Petro es el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, tanto en la atención de las emergencias que a diario se presentan, como en haberle puesto el pacho a la corrupción que en cabeza de Olmedo López y Esneyder Pinilla se había tomado esa entidad.
Por la importancia periodística de sus declaraciones, en El Unicornio hemos juzgado pertinente reproducir la entrevista que le hizo el subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Fernando Millán, para el programa Entrevistas con alma de país.
FERNANDO MILLÁN: Hoy estamos con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Empecemos por lo inevitable. La unidad es algo así como una unidad de cuidados intensivos. Prácticamente, se maneja con emergencias y las cosas, y eso puede ser la causa de lo que pasó con ese tsunami de corrupción que a usted le tocó afrontar. ¿Cómo está la unidad hoy?
CARLOS CARRILLO: Ha sido un esfuerzo enorme hacer que esta entidad funcionara, y voy a arrancar con un ejemplo que nos sirve para para dar cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando cuando yo llegué aquí hace ya casi dos años. Yo llegué en marzo y ya se habían gastado toda la plata del año. Era de ese nivel. Y Olmedo era un gran ejecutor, a tal punto que ya se había gastado todo, estaba toda la plata comprometida. ¿Entonces, cómo hacer para que la entidad pudiera seguir respondiendo a lo largo del 2024? Pues fue muy difícil. Lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a funcionar con vigencias anteriores, que es algo que muchas veces no se entiende porque, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tiene unas condiciones particulares, es un régimen especial.
Por eso nosotros podemos contratar prácticamente por régimen privado, y eso tiene cosas buenas en cuanto a la celeridad de hacer ciertos contratos, pero también tiene otras cosas muy complicadas que generan reprocesos, que hacen que ciertas cosas sean muy difíciles. Pero nosotros funcionábamos con la plata no del 2024, sino del 2023. Y así fue como pudimos hacer que las cosas anduvieran.
Pero a final del 2024 se tomó una decisión muy compleja, y fue no permitir que ese mecanismo expirado de las vigencias se siguiera utilizando. Eso nos generó un hueco enorme. Y eso nos impide hacer ciertas cosas que deberían hacerse. Y cierro con esto: para llenar el hueco que nos dejó esa decisión del 2024 necesitaríamos 26 años.
FM: Además de esa misión de atender las emergencias, está lo que se llama el conocimiento del riesgo, la reducción de riesgo, procurar hacer algo para que en los municipios no vuelva a ocurrir. ¿Cuál es el panorama hoy en ese terreno?
CC: La inmensa mayoría de los recursos en los departamentos se va al manejo de desastres, es decir, atender a la gente una vez sucede algo, despachar ayuda humanitaria, reconectar los servicios básicos, mover la tierra cuando hay un derrumbe. Ese tipo de cosas se hacen por manejo. Pero es a partir del conocimiento que se puede hacer un cambio estructural, desde prevenir el riesgo, y eso es invertir en ciencia. Esto es algo que históricamente el Estado colombiano poco ha hecho. Ahí tenemos un problema y es que a lo largo de los años esos proyectos se han enfocado a soluciones como la de inyectar cemento en la montaña para que no se venga abajo nunca más. Eso tampoco es así. Hacer diques en los ríos para mantener el agua en teoría controlada, eso generalmente tampoco funciona, y tiene unos costos altísimos.
Y termino poniendo este ejemplo. Hay un municipio en Santander que se llama Girón, un municipio del área metropolitana de Bucaramanga. Es un municipio que tiene recursos, y muchos, pero la Subdirección de Reducción funcionó aquí durante muchos años como si fuera la Oficina de Infraestructura del municipio de Girón. Y se le entregaron 50.000 millones. Y hay otro municipio de Santander que se llama Oiba, que pertenece al mismo clan político. Y en la administración de Olmedo se tomaron decisiones tan inexplicables como mandarle 36.000 millones de pesos, cuando es algo que pues claramente no debería estar en las prioridades de la UNGRD.
FM: Los municipios terminan siendo un foco de corrupción, ciertamente, pero también uno entiende que llegan muchos proyectos de los municipios para mitigar sus problemas ambientales y lo que implica el riesgo de desastre. ¿Eso cómo se administra y a qué se le da prioridad?
CC: Este año el Banco de Proyectos de reducción no va a poder emprender proyectos nuevos. Tenemos solamente 75.000 millones de pesos para reducción de riesgos. ¿Eso qué implica? Que, si usted divide 1.104 municipios por 75.000, a cada no le queda una miseria. Ni 60 millones de pesos por municipio, realmente muy poco. Entonces vamos a enfocar esos recursos en terminarlo que ya está en camino.
Uno fue el tema de los contratos de maquinaria amarilla, que terminaron colgados aquí sin ningún tipo de soportes y haciendo protestas aquí frente a la unidad. Segundo, Mocoa. Tercero, La Mojana y San Andrés y San Andrés.
FM: ¿Qué ha pasado con cada uno de esos casos?
El caso de la maquinaria amarilla es particular: cuando yo llego es muy fácil darse cuenta de que algo está mal, de que es un procedimiento que no puede seguir haciéndose así. Fíjense ustedes las casualidades de la vida: una empresa de Sabana de Torres ha cobrado 22 mil millones de pesos por unas órdenes de Proveeduría, que son contratos directos de emergencia entregados por Esneyder Pinilla a un paisano suyo allá en Sabana de Torres. Y siguen cobrando más que por lo que pasó en Arauca. Son cosas muy complicadas. Pero cuando usted le dice a cualquier persona venga, denuncie, pues nadie va a denunciar, porque el que paga un soborno también comete un delito.
Ese es el tema de los de la maquinaria amarilla. Pero ¿en qué está hoy Mocoa y en que está La Mojana?
Ya Mocoa tiene un avance muy importante y es la recuperación del predio Sauces II, donde había un incumplimiento que venía del gobierno de Santos, que cumplió con Sauces I. En esto los cuatro años de Duque se perdieron. Y nosotros perdimos otros dos años con Olmedo. Y cuando llegamos estaba invadido el lote y fue un problema gigante, porque sin lote no hay proyecto y eran 909 viviendas. Recuperar el lote fue muy difícil. Logramos hacerlo, lo hicimos el año pasado, incluso sin el uso de la fuerza. Otro problema enorme es que la Alcaldía de Mocoa no colabora.
FM: ¿Por qué La Mojana es un asunto tan complicado?
CC: La Mojana es una tierra maravillosa, mágica. Ahí tenemos hasta mariposas amarillas, pero todo el Caribe colombiano tiene una clase política de lo peor. Esa clase política se enriquece y luego se compra propiedades en Miami, porque es allá donde les gusta vivir. Todo es así con la riqueza de la bancada costeña. Yo aquí no estoy estigmatizando a los costeños, incluso yo quisiera ser costeño, yo quisiera ser barranquillero. Pero esos políticos de Sucre, de Córdoba, son lo peor. Ahí no hay una manzana podrida, es que todo el costal está podrido. Usted de pronto encuentra una o dos manzanas que no estén podridas. Pero esos políticos de allá de Sahagún, esos clanes de políticos, son los que mantienen al pueblo en la miseria. Y quieren que La Mojana se convierta en otra guajira. Ellos serían felices si fuera un desierto. Les incomoda el agua, porque lo que quieren es que haya búfalos, que haya grandes extensiones de tierra cultivadas, mientras el campesinado sigue empobrecido.
FM: ¿Cuáles han sido los logros de estos año y medio?
CC: Uno tiene que ver con San Andrés, haber sacado esos escombros de allá. El pueblo raizal, particularmente el pueblo raizal en Providencia, es muy consciente de que no necesariamente el modelo de desarrollo de Colombia los ha incluido a ellos, y eso hace que tengan desconfianza. Para nosotros fue muy importante desde que llegamos, tratar de construir confianza con ellos, que no es fácil, porque como todas las sociedades humanas, son complejas. Haber podido construir esa buena relación con ellos nos ha ayudado a que algunos proyectos sean exitosos, por ejemplo, el de la extracción de los residuos. Esa licitación quedó desierta varias veces. Al hacerlo bajo la contratación normal del Estado empieza a tener pues muchos problemas, porque no es que todo el mundo esté dispuesto a meterse en ese negocio.
Hoy la Armada no tiene la capacidad. Puede tener la voluntad, pero no tiene la capacidad, por ejemplo, de atender a San Andrés y Providencia con un buque logístico de gran calado. Gracias al ministerio de Defensa, gracias al gobierno del presidente Petro, la Armada a partir de este año va a tener esa capacidad.
Para ver la entrevista completa, haga clic en el enlace de Youtube.