Por ISMAEL OROZCO*
Tuvimos un 1 de Mayo pletórico de multitudes apoyando la Consulta Popular. Entusiasmo contagioso que motiva a participar con aportes sólidos en la estructuración final del proyecto bandera de éste gobierno, como es la reactivación del sistema férreo.
Informa El Espectador en artículo del 30 de octubre sobre ciertos aspectos contractuales de esa reactivación que creemos deben ser revisados juiciosamente por la ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, o por asesores suyos quizá mal informados. Tenemos reservas sobre algunos puntos citados en ese artículo y que parecen no estar actualizados, cuando menos.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dice que con ese contrato se espera tener una tarifa máxima al usuario de $28.33 por ton-km. Eso es insostenible, y veamos por qué.
Podemos obtener un resultado de 1.000 ton-km cuando transportamos una sola tonelada en un recorrido de 1.000 km. Por ejemplo, una camioneta que moviliza una tonelada hasta Bogotá (1.000km). También obtendríamos lo mismo con diez camiones de 5 ton. c/u, recorriendo 20 km. Pero los costos operativos no son ni remotamente parecidos y por supuesto los fletes tampoco. Por tanto, animar la fiesta con éstos referentes no corresponde.
Lo que si es pertinente y necesario, es darles una mirada preliminar a ciertos aspectos del contrato. El presidente Petro confirma que los recursos destinados son de $3,4 billones durante 10 años. Significa $340.000 millones por año, que en algún momento deben devolverse al Estado, social o económicamente, mediante beneficios directos o indirectos (haciendo frenar alzas desmedidas en transporte).
Aunque la información no es precisa sobre el tema operativo, durante el tiempo del contrato asumimos que no habrá interrupción del paso de trenes por periodos prolongados y por lo tanto habrá transporte de carga, así no sea eficiente. La velocidad promedio está en 25 km/hora y dice la ANI que espera llevarla a 60, con las mismas especificaciones de trocha que hay. No lo vemos fácil, porque el concesionario Fenoco que transporta millones de toneladas de carbón entre Chiriguaná y Santa Marta, con dos carrileras en paralelo disponibles para no demorar trenes haciendo los cruces, solo opera a 42 km/h promedio.
De otro lado, tampoco vemos fácil lo de la tarifa máxima que esperan obtener y entusiasmar con eso a los empresarios expectantes. Veamos:
El concesionario Fenoco mantiene los 244 km de carrilera entre Chiriguaná y Santa Marta que se le entregaron. Ellos mejoraron especificaciones, cambiando los rieles de 75 lbs/yd por otros de 90. Además construyeron 155 km de segunda carrilera. Mantienen locomotoras, material rodante, comunicaciones y administran. También deben mantener carrileras.
Sumado a lo anterior, deben pagarle a la ANI derechos de Concesión, que son de USD2,14 ( $8.774, con dólar a $4.100), por cada tonelada movilizada a puerto. Significa que la ton-km se paga a $35,96. Debemos entonces reflexionar si es que los “místeres” de Fenoco están siendo tumbados por la ANI al aceptar esas condiciones, considerando que todas las instalaciones y equipos deben devolverlos operables al Estado dentro de 10 años, cuando termina la Concesión. ¿O acaso el Estado ( ANI) es atendido por funcionarios distraídos que piensan feriar los recursos invertidos, fijando un límite tarifario máximo tan bajo ($28,33 incluidos gastos de mercadeo) comparativamente con los de Fenoco, que no necesita gastar en mercadeo porque dispone de carga cautiva permanente?
No puede escapar al elevado criterio de los funcionarios de la ANI que para ésta concesión el Estado facilita a los concesionarios carrileras funcionales, locomotoras y material rodante (así sea alquiladas para mantenimiento y operación comercial), estaciones, bodegas y patios que debe atender, con costo. Además el concesionario deberá pagarles salarios a cuadrillas de mantenimiento (más de 160 obreros, caporales, cadeneros, carro motor), tripulaciones de trenes, personal directivo (gerente, ingeniero de zona, secretarias); control de trenes, personal de talleres y costos de operación (combustible, lubricantes, repuestos, etc); participación o peaje proporcional a Fenoco por uso de carrileras a su cargo, salvo que se lo regalen.
Con todos esos costos a cargo del nuevo contratista, no entendemos cómo será posible movilizar un contenedor de 40 toneladas entre Santa Marta y La Dorada por $28,33 x 30.640 ton-km = $868.031. La tarifa del tren debe ser reguladora, por competitividad, para otros medios. Pero no hasta el punto de quebrar al regulador. El concesionario, igualmente, sabe hasta dónde puede cobrar por encima de sus costos, porque a él también lo regula en cierta forma el camión.
Una tractomula cobra $3 millones por mover el contenedor entre La Dorada y Bogotá, pues debe hacer el viaje vacío hasta La Dorada, porque no hay carga regular en ese sentido. Luego, el costo del intermodalismo hasta Bogotá debería ser $3´868.031.
Solo el consorcio San Felipe conoce la realidad. Él opera comercialmente los trenes y no estaría movilizando solamente un tren a la semana, sino mínimo 6 (uno diario). Estaría escondiéndose de muchos clientes interesados en transportar mercancía entre Santa Marta y Bogotá, y sin poder atenderlos. Una cotización de reconocida empresa transportadora de carga por camión en todo el país cobra $7,5 millones entre el puerto y Bogotá, y $11,5 millones si se devuelve a puerto al día siguiente de llegada con el contenedor vacío, para no agregar multas en dólares por devolución después de cinco días de salida del puerto.
Lo cierto es que los transportadores por carretera casi nunca tienen camiones desocupados. O sea que las cosas no resultan como considera la ANI, sino al contrario.
No es el momento de crear ilusiones sino de aterrizar los proyectos para no dar lugar a sindicaciones de demagogia, con elevado costo político.
* Ingeniero de Transportes y Vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Exalcalde de Floridablanca, gerente de los Ferrocarriles Nacionales división Santander, director del distrito 15 de Carreteras del entonces ministerio de Obras Públicas.