Por CRISTÓBAL PADILLA TEJEDA*
La reciente terminación del acuerdo marco de precios para contratar servicios de nube pública, como se denomina técnicamente al servicio de almacenamiento de datos del Estado, propicia una discusión que ya es inaplazable, teniendo en cuenta aspectos que son estratégicos para Colombia.
El país se encuentra en un punto de inflexión, en el que profundizar valores como la democracia, la autodeterminación y la soberanía, resulta un imperativo, si se trata de dejar sentadas las bases de un mejor país para las futuras generaciones.
En ese proceso de construcción colectiva, la defensa de lo público resulta fundamental para reducir las dependencias y, por ende, las brechas que todavía hacen de Colombia uno de los países más desiguales del mundo.
La soberanía, entendida como el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio destino, es lo que dignifica a una sociedad. Pero en estos tiempos de vertiginosos avances tecnológicos, hay que hablar también de soberanía digital.
A la par con el desarrollo de la informática, se han instalado nuevas formas de colonialismo, sofisticados mecanismos al servicio de poderes hegemónicos y nuevas maneras de generar dependencia de potencias tecnológicas extranjeras que, de manera silenciosa, van socavando la autodeterminación.
Colombia no ha sido ajena a esa tendencia. En la última década el país ha cedido el control de los datos de millones de personas, empresas y hasta de las entidades públicas de todos los sectores, con las implicaciones y riesgos que esto conlleva.
De manera silenciosa y sin que el ciudadano de a pie lo dimensione, miles de Terabytes de información personal, económica y hasta de la seguridad social y de la salud pública, han sido depositadas en servidores por fuera de las fronteras colombianas, bajo los llamados servicios de nube, controlados por gigantes conglomerados tecnológicos.
¿Cuál es el valor de toda esta información?; ¿qué tanto poder han acumulado las corporaciones que almacenan y controlan los datos de Colombia?; ¿saben los colombianos y colombianas en manos de quién está su información personal, su ubicación, sus movimientos cotidianos o su relación con el Estado?
Son interrogantes que el país está en mora plantear, porque el manejo y control de toda esta información representa, ni más ni menos, que uno de los principales activos del país: los datos.
En buena hora, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha planteado este como un asunto de principios, señalando que “la nube debe ser soberana y de propiedad pública. Lo datos de Colombia deben ser de Colombia; la infraestructura debe ser de Colombia…”
Esta reflexión marca un derrotero claro: hay que recuperar la soberanía digital y enfocar los esfuerzos en la búsqueda de una nube soberana.
Si bien, el papel de la Agencia Nacional de Contratación Pública en el tema de la nube es importante, su competencia es limitada. Hay que decir que se trata de un asunto de Estado, en el que tienen injerencia otras entidades como el MinTic (máxima autoridad de la política digital), el Ministerio de Ciencias y demás autoridades relacionadas con el mundo digital.
Valga aclarar que, la misión de Colombia Compra Eficiente es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas que faciliten los procesos de compra y contratación estatal, pero esta agencia no es la responsable directa de celebrar los contratos y compras de miles de entidades públicas que existen en el país.
Sea esta también una oportunidad para recordar que la responsabilidad de la contratación de bienes y servicios recae en cada entidad pública, a través de múltiples mecanismos contemplados en la Ley 80.
Resultaría materialmente imposible que una sola agencia del Gobierno responda por cada contrato que se suscriba, en cada una de las más de 6.300 entidades públicas que existen en Colombia, según el Sistema de Información Estratégica (SIE) de la Función Pública. Solo 190 de estas entidades contratan servicios de nube vía acuerdo marco de precios.
Es por esto que un acuerdo marco de precios se entiende como un referente, un camino, pero no el único mecanismo para proveer servicios esenciales, como lo es el manejo de la data. La terminación de dicho acuerdo no implica, en modo alguno, una parálisis del servicio porque hay contratos suscritos hasta el año 2026.
Dicho esto, el Gobierno está enfocado en la reflexión que plantea el presidente Petro, al referirse a que el país requiere una nube “comprada a quien sea capaz de vendernos computadores y chips cuánticos, en la medida que crezca la información”.
*Director de la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente