Por JUAN DAVID CORREA
Tomado de revista Cambio Colombia
Declarar el fracaso de los actuales diálogos de paz, dentro de la llamada Paz Total, es el nuevo caballo de batalla electoral de quienes pretenden erigirse como estadistas para demostrar que tienen las llaves de la pacificación del país con base al fantasma de la seguridad, es decir, de la guerra, el miedo y la confirmación de que cualquier esfuerzo social y estatal está condenado a no prosperar.
Olvidamos muy pronto que después de la firma de los acuerdos de La Habana en el teatro Colón sobrevino un gobierno que llegó con la promesa de hacer trizas la paz, y cumplió. Olvidamos que esas trizas fueron las que recibió este Gobierno, y que a pesar de ello ha intentado abrir diversos escenarios de conversación que no se limitan solo a mesas con armados sino a verdaderos proyectos y apuestas de transformación territorial.
Es probable que hoy estemos equivocando la conversación, y que necesitemos hablar de una paz distinta a la que se intentó desde 1982, la cual deberíamos analizar a partir de lo dicho por académicos y especialistas para comprobar que la sociedad colombiana no es la misma de aquella que se acostumbró a asumir que el problema era de terrorismo y no de una conflictividad social y territorial que se remonta en nuestra historia a los orígenes de la vida republicana, según lo escriben historiadores como Margarita Garrido o Daniel Pécaut, la cual, al mismo tiempo, recreó una cultura de negociaciones y de soluciones a medias de larga tradición.
Dicha cultura ha sido parte de nuestras vidas desde que tenemos memoria. Los mayores hoy recuerdan los pactos de los años cincuenta con las guerrillas del Llano, los acuerdos políticos que dieron origen al Frente Nacional, y la sin salida a la que sometieron a las comunidades agrarias y campesinas que dieron origen a las FARC o al ELN; así como las insurgencias urbanas de quienes se sintieron traicionados en las elecciones de 1970 por el fraude que entronizó a Misael Pastrana en el gobierno. Y por supuesto, los esfuerzos de negociaciones desde los años ochenta que pusieron al país ante tensiones dentro del propio establecimiento, y que relanzaron la violencia, como ocurrió durante el Gobierno de Belisario Betancur, documentadas en el fantástico libro de Laura Restrepo, Historia de un entusiasmo, que este año cumple cuatro décadas de haber sido publicado y que tendrá una edición conmemorativa que saldrá este próximo abril, cuando se celebre una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Desde entonces, con el éxito de las posteriores negociaciones con el M-19, y con los infructuosos intentos de los noventa, que nos condujeron al Caguán, fortalecieron los aparatos militares de los ejércitos en disputa y prepararon la instalación de una intervención extranjera de la mano del Plan Colombia, la sociedad quedó entrapada en un discurso y una acción que produjo cientos de miles de desplazados, millones de víctimas, masacres y territorios bajo la gobernanza paramilitar, y después de organizaciones criminales que hacen parte de entramados globales de economías ilícitas como el oro, el tráfico de cocaína, el extractivismo y los minerales ‘raros’, además de la captura de rentas por parte de barones políticos regionales, que han sido llamados clanes por especialistas como León Valencia o Ariel Ávila.
¿Cuáles pueden ser los aprendizajes y los yerros de la Paz Total? La idea de poder alcanzar lo general, lo completo, la totalidad del fin de nuestra violencia, en medio del surgimiento de nuevos aparatos armados en diversas regiones de Colombia, ha sido una promesa ambiciosa y poco factible. Pero habría que examinar si la naturaleza de la conversación sobre la paz no se transformó en estos cuatro años del primer gobierno progresista del país. Los análisis mediáticos han simplificado la realidad de un contexto desafiante en el cual se fragmentó la violencia y aumentaron las conflictividades entre grupos por rutas, economías y predominios territoriales, los cuales, por supuesto, ya no tienen una sola agenda y en su hibridez representan nuevos desafíos.
No obstante, y quizá como nunca antes en nuestra historia reciente, hay una mayor conciencia de lo territorial en nuestro país, y eso ha hecho que se presenten nuevos retos que van desde asumir nuevas dinámicas militares, y una apropiada articulación institucional que ha costado mucho, según la insistencia y la impotencia expresada por el presidente Petro en múltiples ocasiones, en las cuales ha llamado la atención sobre la importancia de la acción conjunta y generosa del Estado en estos territorios; así como la coordinación entre autoridades nacionales y departamentales, y una gestión realista respecto de los tiempos limitados de los procesos derivados de los nuevos retos creados por esas nuevas dimensiones de los conflictos.
Y así como lo indican informes serios presentados por la Defensoría del Pueblo o por organizaciones no gubernamentales como Indepaz, no se puede desconocer que, si algo se ha logrado, como parte del viejo anhelo del acuerdo firmado hace diez años, es la ganancia en la legitimidad popular y social del Estado en su búsqueda de la paz. Son las comunidades las que hoy participan en la construcción de las mesas de negociación en los territorios aún asolados por la violencia y el reclutamiento de menores, y quienes han desminado y sustituido cultivos de uso ilícito, e insistido en que es mejor caminar la paz con todos sus costos, a seguir pregonando salidas militares que han dejado el país inundado de dolor.
Se falló en pensar que habría una disposición en aprobar un verdadero marco jurídico para esta nueva propuesta de paz, pues se omitió que quienes hacen oposición en Colombia, incluyendo gran parte del establecimiento económico y político, se dedicarían a repetir que este Gobierno estaba buscando darles beneficios a criminales. Se falló en no contar con que las discusiones sobre nuestros conflictos muchas veces se reducen a soluciones punitivas, que carecen de imaginación para construir con los elementos legales y constitucionales vigentes, marcos de justicia restaurativa y transicional que repartan responsabilidades y nos convenzan de que la paz es una causa nacional, y que debería constituirse en una política de Estado, sobre la base de ser un bien superior sin el cual no podremos aspirar a un cambio cultural profundo que instale una nueva mentalidad de convivencia entre los colombianos.
Como ha repetido el candidato Iván Cepeda, la sociedad no puede condenarse —y mucho menos autoflagelarse— por la búsqueda de acuerdos. La transformación territorial ha sido la gran apuesta de este Gobierno, que ha comenzado a cumplirse en muchos casos gracias a varios factores: el reconocimiento de las comunidades y a sus propias resistencias y fuerzas, que han perdurado a pesar de la guerra; la reforma agraria y la entrega de más de 500.000 hectáreas de tierra; la puesta en marcha de una revolución educativa con gratuidad; el fortalecimiento en dignidad y condiciones materiales de las Fuerzas Armadas; y el trabajo de cientos y miles de personas que desde el Estado siguen trabajando junto a las comunidades en la construcción de paz, entre otros logros innegables de la presente administración.
No podrá haber paz mientras no exista una verdadera justicia social para todos los habitantes del territorio nacional, y estos tres años y medio han sido el comienzo de ese anhelo. Sin embargo, no podrá haber paz mientras haya colombianos discriminados y despojados violentamente de vidas, territorios y recursos, lo mismo que cinco millones de personas que no cuentan con agua potable, doce y medio millones sin alcantarillado sanitario, y ocho y medio millones sin servicio de recolección de basuras, según la Contraloría General de la República. Y un país con déficit de energía eléctrica, con evidentes precariedades en vías de acceso a los municipios que tienen riquezas inconmensurables, con una desigualdad que es la segunda del planeta, debe hacer una reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad, esta sí, total, en la construcción de caminos de reconciliación a través del mejoramiento de las condiciones materiales de la vida de millones de colombianos.
Muchos dirán que para eso se ganó el Gobierno. Pero quienes saben y entienden las brechas sociales del país tendrán que reconocer que esto no ha hecho más que comenzar. Y que la construcción de paz hoy tiene nuevos sentidos cotidianos, culturales, ambientales y sociales que debemos examinar con más juicio y menos prisa.
*Declaro mi conflicto de intereses en la búsqueda de la paz como activista que acompañó públicamente el desempantanamiento del proceso de La Habana, en 2016, a través del colectivo Acciones por el Acuerdo, y como delegado del Gobierno nacional en la mesa de co-Construcción de paz de Nariño con el grupo Comuneros del Sur.
Foto de portada, tomada de CNN.