Por HUMBERTO TOBÓN*
El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció que denunciará penalmente a una serie de hombres indígenas que azotaron a una menor de edad de manera brutal y les exigió a las autoridades indígenas pronunciarse sobre este tema, sin que se escuden en el derecho propio y en sus tradiciones ancestrales.
El video de la tortura a la que fue sometida esta niña, que está en poder de las autoridades judiciales, es sobrecogedor y demuestra la brutalidad con que se comportan ciertos indígenas en contra, principalmente, de las mujeres y las niñas.
Hechos como este, aunados a la negativa de ciertas autoridades indígenas de evitar que los médicos atiendan, en centros hospitalarios, a niños y niñas desnutridos, que finalmente mueren en medio de ritos espirituales de los chamanes, es lo que indigna a la sociedad, que rechaza comportamientos como estos, en nombre de una cultura donde se violan los derechos de las personas.
Si se suma que aún hay comunidades que practican la ablación a las niñas, dizque como una manifestación de sus tradiciones y costumbres; la indignación y el repudio hacia los líderes indígenas crece y con ella la discriminación hacia una población empobrecida, que vive bajo el yugo de una organización patriarcal violenta.
Quienes hemos defendido la equidad racial y nos hemos manifestado contra la discriminación hacia las poblaciones indígenas, tenemos que rechazar la brutalidad con que actúan individuos de esas comunidades; condenar la actitud de padres y madres que permiten que sus hijas sean torturadas y violadas; y pedir a la justicia colombiana, que en casos tan aberrantes como estos, imponga la ley nacional y no permita que prevalezca el denominado Derecho Propio que exhiben, irresponsablemente, algunos líderes indígenas para proteger a violadores y torturadores.
Supimos que hubo tres casos de niñas azotadas la semana pasada en el Resguardo de Gito Do Kabu en Pueblo Rico. La que se observa en el video es una niña menor de edad que pertenece a la comunidad Paparidó. Otra fue atendida en un hospital debido a los múltiples azotes y sus torturadores son de la comunidad Mentuará. La tercera hace parte de la comunidad de Guayabal.
Ojalá la justicia actúe y sean capturados y judicializados los hombres que aparecen en el video, así como a la mujer que prepara el escenario para este acto de brutalidad. Ya la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de Aico, condenaron el hecho y exigieron justicia.
Finalmente, llama la atención que lideresas de la región, que anuncian ser defensoras de las mujeres, hayan guardado silencio frente a este hecho que indignó al país.
@humbertotobon
*Gerente RAP Eje Cafetero