Por JOAQUÍN BAENA ARÉVALO*
“Quien llega al poder sin poder sostenerlo, no gobierna: transita”.
La eventual llegada de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe no debe interpretarse como un punto de llegada, sino como un tránsito breve, condicionado y, en mi lectura, inevitablemente efímero.
No se trata de negar el alcance del fallo judicial que ordena el restablecimiento de sus derechos, sino de entender que ese fallo opera dentro de un sistema más amplio, donde la legalidad no es monolítica. El error de muchos análisis es asumir que la decisión de un juez constitucional agota el conflicto, cuando en realidad apenas lo desplaza hacia otro escenario: el de la regulación administrativa y la vigilancia estatal.
Aquí es donde entra el verdadero actor determinante, el Ministerio de Educación Nacional. Su posición no ha sido ambigua. Ha intentado frenar el regreso por vía judicial y, aun sin éxito en esa instancia, conserva intactas sus competencias para intervenir. No es un espectador, es un órgano con capacidad real de decisión.
El fundamento de esa capacidad está en la Ley 1740 de 2014, que no solo le otorga funciones de inspección y vigilancia, sino que le permite actuar cuando considera comprometida la legalidad o la estabilidad institucional de una universidad. Esta ley no es retórica, es operativa, y en este caso se convierte en la herramienta central del Estado.
Pero el argumento no se agota en la ley. Hay un elemento aún más sólido: los propios estatutos de la universidad. Tanto los de 2003 como los de 2020 establecen una restricción clara y reiterada en el tiempo: una persona condenada no puede ejercer la rectoría. Esta coincidencia estatutaria no es casual, es una línea institucional consolidada que delimita quién puede y quién no puede dirigir la institución.
Aquí se configura la paradoja que define este caso: una persona puede ser habilitada por un juez para recuperar derechos, pero al mismo tiempo estar inhabilitada para ejercer un cargo específico por normas administrativas y estatutarias vigentes. No es una contradicción menor, es una colisión de sistemas jurídicos.
Desde mi perspectiva, ese choque no se resolverá a favor de la permanencia de Gette. El Ministerio tiene no solo la competencia, sino el incentivo institucional para actuar. Permitir su consolidación en el cargo implicaría desconocer tanto la normativa interna como el espíritu de la regulación estatal en materia de educación superior.
Por eso, aun si la posesión se materializa, no debe leerse como una victoria definitiva, sino como un episodio transitorio. El Ministerio, amparado en la ley y en su función de vigilancia, podrá adoptar medidas que, en la práctica, impidan la continuidad de esa rectoría.
En este punto, resulta útil para entender el trasfondo: el derecho no siempre ofrece soluciones armónicas. A veces, por el contrario, expone sus tensiones internas. Y cuando esas tensiones se activan, no prevalece necesariamente quien tiene una decisión favorable, sino quien puede sostenerla dentro del sistema.
La universidad, mientras tanto, queda atrapada en una doble obligación: acatar el fallo judicial y responder a la autoridad de vigilancia. Esa tensión no es sostenible en el tiempo, y suele resolverse a través de la intervención del Estado, que termina imponiendo un criterio de estabilidad institucional sobre la controversia individual.
Este no es, entonces, un debate sobre si Silvia Gette puede llegar, sino sobre si puede quedarse. Y ahí es donde mi posición es clara: no podrá.
El desenlace más probable no es una rectoría consolidada, sino un paso fugaz por el cargo, interrumpido por decisiones administrativas que encontrarán sustento tanto en la ley como en los estatutos.
Porque en el fondo el poder no se define por el acceso , sino por la permanencia y esa permanencia no está garantizada.
En esta pugna donde se juegan intereses políticos y sesgos judiciales, la gran afectada es la universidad.
* Empresario, académico, emprendedor , político. Columna tomada de https://www.laradioahora.com.co/