Por GERMÁN AYALA OSORIO
Varios de los precandidatos presidenciales de la derecha llamaron “dictador” al presidente Petro; hablaron inclusive de que Colombia vivía bajo un régimen dictatorial. María Fernanda Cabal, Vicky Dávila de Gnecco y hasta el finado Miguel Uribe Turbay usaron el calificativo para denunciar una falsedad. Cabal, por ejemplo, lo llamó “pichón de dictador”; Miguel Uribe, usó la expresión “aprendiz de dictador”; y Vicky Dávila espetó frases como “estrategia de un dictador», «en su camino como dictador» y «se convierte en dictador».
En el final del mandato de Petro y a juzgar por varios hechos jurídico-políticos lo que se vive en el país obedece a una “dictadura” que, en lugar de originarse en la Casa de Nariño, deviene atada al “señorío” del viejo Establecimiento que a toda costa se opone a las transformaciones sociales que en campaña prometió el Pacto Histórico y que la sociedad reclama. Más claro: quienes ejercen un férreo contrapoder, con visos dictatoriales son agentes institucionales que están cooptados o sus miembros más visibles simpatizan con actores económicos y políticos que hacen parte del Establecimiento y claramente son enemigos de los cambios institucionales y culturales que necesita Colombia para empezar a recorrer los caminos de una tardía Modernidad.
Lo que vienen haciendo el Consejo Nacional Electoral con sus ideologizadas decisiones, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional que frenó la reforma pensional, así como varios fallos de esa Corte de cierre y del Consejo de Estado, a lo que se suma el sabotaje de las bancadas de la oposición en el Congreso hace parte de lo que aquí llamo la Dictadura del Establecimiento. Esa realidad política e institucional traspasó los límites de lo que se conoce como los pesos y contrapesos de la democracia, para dar vida a un régimen dictatorial no presidencial que le da la razón al presidente Petro cuando dijo que “eran gobierno, pero no tenemos el poder”.
La precariedad de la democracia colombiana no obedece únicamente a su carácter procedimental; por el contrario, es fruto de la operación sincronizada de específicos e históricos agentes del Establecimiento que logran capturar el Estado para ponerlo al servicio de sus mezquinos intereses con el concurso de operadores judiciales (magistrados) y políticos (congresistas) que por simpatía o patrocinio les hacen el juego para extender en el tiempo la operación de la única dictadura que existe en Colombia: la del Establecimiento.
Para que ese oprobioso régimen opere se requiere del concurso de la prensa tradicional, cuyas empresas mediáticas fungen como actores políticos que le vienen haciendo oposición al gobierno Petro escudándose en el derecho a informar y en las libertades de prensa y opinión para deslegitimarlo. Medios como El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Semana y los canales de televisión y radio de Caracol y RCN están al servicio de esa dictadura que desde el 7 de agosto de 2022 afinó sus procedimientos institucionales para impedir las anheladas transformaciones sociales.
Adenda: En todo caso, la «dictadura de Petro» es extraña porque las garantías constitucionales se mantienen vigentes. Aunque todo el tiempo desmiente y confronta a la prensa por sus amañados tratamientos noticiosos, jamás ordenó su cierre o la persecución a los periodistas. La oposición uribizada ha podido manifestarse en las calles y los participantes de las movilizaciones regresaron sanos y salvos a sus hogares. La policía no les sacó los ojos, ni hubo violaciones. Qué dictadura más extraña.
@germanayalaosor