Por HORACIO DUQUE
La defensa preferida del caballista del Ubérrimo (AUV) para tapar las tropelías y bestialidades ejecutadas durante su largo régimen de Estatalidad autoritaria ha sido la del “negacionismo” a ultranza de los hechos criminales constituidos como delitos de lesa humanidad, que la justicia en sus distintas formas (JEP) ha ido caracterizando como tipos penales de extrema gravedad.
Así ha ocurrido con los más de 6 mil “falsos positivos” y con los autores de estos, en los que están involucrados reconocidos generales de las Fuerzas Militares y policiales, de la entera confianza del capataz de marras; los mismos que han reconocido todas sus fechorías en las instancias de la justicia transicional (JEP), organizada como parte de la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc firmados en el año 2016.
También con las masacres ejecutadas conjuntamente con los paramilitares durante más de dos décadas; con el desplazamiento de más de 8 millones de campesinos; con el despojo de tierras (10 millones de hectáreas) a estos; con las alianzas entre militares y paramilitares; con la entrega de instituciones estatales (DAS, Fiscalía, CTI, batallones, brigadas y comandos policiales) a los bloques de las autodefensas; con “chuzadas” a los teléfonos de líderes de la izquierda y magistrados de las Cortes judiciales; con la manipulación de testigos en los procesos judiciales en curso; con el sabotaje a la paz impulsada por el expresidente Juan Manuel Santos; y con la corrupción generalizada que ha implicado el despojo de cientos de billones de pesos de los dineros del Estado por parte de reconocidos agentes y operadores del denominado Centro Democrático.
Hoy el hecho más notable de este ejercicio de engaño, desconocimiento de la verdad y manipulación sofística corre por cuenta de los hallazgos de la JEP y de las víctimas en la escombrera (lugar de depósito de escombros de la construcción), ubicada en la Comuna 13 de Medellín; terreno en que el trabajo forense de funcionarios judiciales y antropólogos HA permitido localizar cientos de víctimas de las razzias combinadas de militares, policÍas y paramilitares, ejecutadas con la operación Orión en octubre del 2002, convertida en la más descomunal acción militar que tuvo lugar en un área urbana de Colombia en la historia de la guerra civil nacional, que dejó una estela de sangre y dolor por la que dos décadas después las víctimas siguen pidiendo verdad, justicia y reparación.
Así, la escombrera, señalada por décadas como un sitio de enterramiento de hasta 600 desaparecidos, sigue siendo objeto de excavaciones ordenadas por la JEP desde julio de 2024, con el objetivo de identificar más restos y esclarecer las desapariciones forzadas en la comuna 13.
Sin embargo, el 27 de diciembre del 2024 el gran jefe del fascismo (AUV) salió a desconocer los hechos (ver enlace) y a pintar un escenario color de rosa para saltar inmediatamente a pedir el respaldo de la sociedad por su “obra heroica”, pensando en las elecciones presidenciales de 2026, en las que según su fantasía derrotará a las fuerzas populares y progresistas. Un negacionismo con rentabilidad política y electoral es el que este hombre le ofrece a Colombia como futuro. El mismo que hay que desenmascarar y denunciar con todas las evidencias a la mano desde el trabajo de las madres y mujeres comprometidas en las denuncias, las investigaciones del Centro de Memoria Histórica y los hallazgos de la Comisión de la Verdad.
Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente Petro lo ratificó inmediatamente, señalando que Orión y su escombrera fue obra de instituciones públicas capturadas por el paramilitarismo. Entretanto, para Alejandro Ramelli, el presidente de la JEP, constituyen una derrota aplastante del “negacionismo” ultraderechista que nos quiere acosar con la falsificación de la historia violenta del país en las últimas décadas; Ramelli calificó los recientes descubrimientos como una derrota contundente al negacionismo, resaltando que los restos hallados son la prueba irrefutable de los crímenes cometidos en el marco de la Operación Orión de 2002 organizada y ejecutada por el primer gobierno uribista.
Para la historia profunda y auténtica de Colombia queda la evidencia de que la Operación Orión ejecutada por militares y paramilitares entre octubre y diciembre de 2002 fue un acto genocida de la ultraderecha estatalizada; y la escombrera un cementerio clandestino donde se arrojaron más de 600 cuerpos después de la operación militar.
Hacia el futuro, no puede ser que Orión sea un símbolo de muerte impuesto para allanar el camino del regreso de las hordas fascistas asociadas con el uribismo y el Centro Democrático.
Para el bloque popular, la prioridad es profundizar en la verdad histórica de este aterrador acontecimiento plagado de genocidio y sangre que, por supuesto, no se puede repetir como lo pretende la casta oligárquica y su vocero político.
@HoracioDuque8