Por LUIS EDUARDO CELIS*
En el año 1985, Alvaro Fayad Delgado era el comandante general del M-19. El 24 de julio de ese año celebró su cumpleaños 39 en un apartamento en el barrio La Macarena, en Bogotá, con Alfonso Jacquin y Héctor Pineda. Jacquin y Pineda, barranquilleros, incorporados a principios de los años 80 al M-19, provenían de la Unión Revolucionaria Socialista, una agrupación de izquierda que publicaba el periódico El Manifiesto.
Jacquin conoció al M-19 visitando a las docenas de presos de esta organización que había en la Picota. Ellos buscaban una amnistía sin condiciones, y a él le gustó su soltura y planteamientos de acción política. Cambió entonces la acartonada izquierda legal por la audacia y frenesí del M-19.
En la celebración del cumpleaños de Alvaro Fayad, Alfonso Jacquin planteó hacer una “demanda armada” ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que consideraba era el incumplimiento del presidente Belisario Betancur de los acuerdos firmados con el M-19 en agosto de 1984. A Fayad la idea le sonó, le recordó el tribunal que el filósofo Inglés Bertrand Russel promovió para juzgar al gobierno de Estados Unidos por la guerra contra Vietnam, el cual se instaló el 10 de mayo de 1967 en Estocolmo y tuvo su segunda sesión el 1 de diciembre del mismo año en Copenhague. En él, Jean Paul Sartre leyó el fallo condenatorio contra el gobierno de Estados Unidos.
En los años siguientes hubo cientos de juicios en universidades europeas, estadounidenses y de América Latina contra esa u otra injusticia: se condenó el genocidio contra los indígenas en Norteamérica, la dictadura de Pinochet y la muerte de 37 indígenas que ocupaban pacíficamente la Embajada de España en ciudad de Guatemala en 1980. Entre las personas que murieron incineradas estaba Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, futura nobel de Paz.
Pero una cosa eran los juicios pacíficos en las aulas universitarias y otra muy distinta la ocupación violenta que se charló el 24 de julio y se conoció el 17 de octubre de 1985.
Ahora estamos próximos a la conmemoración de las cuatro décadas de aquel miércoles 6 de noviembre, cuando el comando de treinta y cinco militantes del M-19 ingresó al Palacio de Justicia a las 11:30 am y desencadenó una bárbara respuesta por parte del Ejercito Nacional. Cerca de las 2 de la tarde del jueves 7 de noviembre, luego de veintisiete horas de terror, estaban muertos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Alfonso Reyes Echandía (Presidente de la Corte Suprema), Fabio Calderón Botero, Manuel Gaona Cruz, Alfonso Patiño Roselli, Fanny González Franco, Ricardo Medina Moyano, Carlos Medellín Forero, Horacio Montoya Gil, José Eduardo Gnecco Correa, Darío Velásquez Gaviria, Pedro Elías Serrano Abadía.
El Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán salió vivo y luego fue reportado como muerto dentro del Palacio de Justicia. Los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia fueron considerados por los militares cómplices del M-19 en esa acción totalmente desproporcionada, y fueron torturados y asesinados. Ellos fueron: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortes, Bernardo Beltrán Hernández, Ana Rosa Castiblanco, Lucy Amparo Oviedo, David Suspés Celis, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán y Gloria Estela Lizarazo Figueroa.
El presidente Belisario Betancur, en la noche del 7 de noviembre, luego de la tragedia, en una alocución presidencial, dijo frente a los hechos acaecidos ese par de días: “Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República que, para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar.”
Para algunos analistas y lideres políticos, lo que hubo el 6 y 7 de noviembre fue un golpe de facto al presidente Betancur, pues creen que los militares que condujeron semejante barbarie nunca consultaron al presidente, ni este intentó detenerlos.
El comando del M-19 ingresó al Palacio de Justicia y desde el primer momento fueron recibidos por fuego nutrido desde los edificios aledaños, lo cual corrobora la tesis de que los militares los dejaron entrar y la decisión de aniquilación estaba tomada. Hay tesis en el sentido de que en sectores del Ejército Colombiano había malestar con la Corte Suprema de Justicia por las sentencias condenatorias que estaban saliendo contra los militares por las torturas infringidas contra centenares de integrantes del M-19 y de civiles, luego del robo de las armas de la guarnición militar del Cantón Norte, a fines de 1978 y dos primeros días de 1979.
Luego del 17 de octubre y del anuncio de que el M-19 tenía planeada la ocupación del Palacio de Justicia, la seguridad fue reforzada por la Policía Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron llevados a un supuesto entrenamiento en el manejo de armas a las instalaciones del DAS, y allí se negaron a la utilización de armas. Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte, le dijo al magistrado Carlos Medellín Forero: “Carlos, nos han traído aquí para mostrarnos cómo nos van a matar”, así lo recuerda su hijo Carlos Eduardo Medellín Becerra, en declaraciones públicas.
Ahora que viene la conmemoración de los 40 años de esta enorme herida que sufrió la justicia y la precaria democracia colombiana en mediados de los años ochenta, hay que hacer los balances de cuánta justicia se ha aplicado, cómo se han construido las memorias múltiples de esta tragedia que tanto sufrimiento ha causado a las familias de los que allí perdieron la vida, y qué tanto se ha afectado a la confianza ciudadana en las instituciones.
El M-19 fue responsable de colocar a la Corte Suprema de Justicia en la guillotina de la criminalidad desplegada por el Ejército Nacional. Casi todo el comando que ingresó, murió en el Palacio de Justicia, aunque hay versiones de que algunos fueron capturados vivos y luego ejecutados, como es el caso documentado de Irma Franco. La única sobreviviente del lado del M-19 fue Clara Helena Enciso, quien pudo narrar lo vivido en el libro Noches de humo, de Olga Behar.
El caso del Palacio de Justicia, en muchos sentidos, sigue abierto. Y debe estar en la memoria de las nuevas generaciones, para lo cual se requiere una acción pedagógica y de promoción de una formación ciudadana que forje una cultura política de lo vivido, para lograr el Nunca Más que, en el caso de la sociedad colombiana, sigue siendo un derrotero a construir y hacer realidad, en una Colombia que sigue cruzada por la violencia.
Álvaro Fayad Delgado, comandante General del M-19, y quien aprobó la toma del Palacio de Justicia, fue asesinado el 13 de marzo de 1986 en el barrio Quinta Paredes, en Bogotá.
*Luis Eduardo Celis es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, analista de las violencias organizadas y sus perspectivas de superación.