En 2026 la legitimidad no dependerá de declaraciones sino de evidencia auditable: trazabilidad, auditoría independiente y control de accesos verificable.
Preconteo y escrutinio: la frontera que incendia el resultado
Colombia todavía no vota electrónicamente, pero la democracia no se decide solo en el papel: se decide en el tramo donde un acta física se convierte en cifra pública. Ese salto del E-14 a la pantalla, es hoy el punto más vulnerable del sistema, porque si no puede reconstruirse con evidencia auditable, el resultado queda a merced de la sospecha, no de la verificación.
La ley es clara: el escrutinio es el que produce efectos jurídicos. El preconteo es preliminar. Pero la política funciona al revés: el país asume como “verdad” lo que ve esa noche, y lo definitivo llega después, cuando la narrativa ya está instalada. La historia reciente lo demuestra. En 2014, el Partido MIRA recuperó sus curules solo tras un proceso contencioso ante el Consejo de Estado, que constató errores y alteraciones en el conteo. Y en 2022, la brecha entre preconteo y escrutinio dejó de ser teoría: la declaratoria final dejó al Pacto Histórico con 20 curules, cuatro más que en el preconteo, según la Resolución E-3332 del 19 de julio de 2022 (CNE). Si ese desfase ocurre en una presidencial cerrada, el país no discute actas: discute legitimidad.
La caja negra tecnológica: contratos, transmisión y una auditoría que hoy no basta
La “caja negra” no es un mito tecnológico: es una arquitectura fragmentada. La cadena digital (transmisión preliminar, procesamiento, consolidación y publicación) no opera como un bloque único: funciona como un ecosistema con múltiples contratos, proveedores y sistemas. Los informes de seguimiento de la MOE para el ciclo 2025-2026 describen ese mapa: inscripción de cédulas, autenticación biométrica, software de preconteo, software de escrutinio, sistema de divulgación oficial y aplicativos del CNE. El problema no es que haya tecnología. El problema es que, sin trazabilidad integral, nadie puede demostrar, con rastro verificable, quién tocó qué dato, cuándo, con qué versión y bajo qué control.
En 2026, el preconteo hace parte de la solución integral contratada bajo la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026). Y durante la ejecución, el Grupo Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S. (Grupo ASD S.A.S.) cedió su posición contractual a Manejo Técnico de Información S.A. (MTI S.A.), modificación registrada en SECOP. ASD ha participado como proveedor tecnológico en procesos recientes, incluidos componentes asociados a escrutinio/divulgación en 2022. Ese ciclo terminó con una controversia pública por la diferencia entre el preconteo y el escrutinio definitivo, que el registrador cifró en 390.152 votos para una lista específica. El hecho verificable es la brecha. Lo inquietante es lo que el sistema no pudo probar de forma abierta: dónde nació el error (mesa, digitación, transmisión, consolidación o publicación). Ese vacío no es técnico: es político.
A lo anterior se sumó un episodio internacional: tras las elecciones de noviembre de 2025 en Honduras, el candidato Salvador Nasralla cuestionó públicamente al proveedor por presuntas fallas y reinicios del sistema de transmisión preliminar (TREP), según reportes periodísticos. No es una condena; es un antecedente que eleva la carga de transparencia para cualquier operador que administre etapas críticas del flujo de datos. En una democracia, “confíen” no basta: hay que mostrar evidencia.
Por eso, cuando un operador cambia en una fase crítica, la obligación es documental: continuidad técnica, versionamiento, control de cambios, actas de entrega, hash de compilaciones, bitácoras de despliegue y protocolos de contingencia. Sin ese paquete, la frase “el sistema fue auditado” queda en el terreno de la declaración. La MOE ha insistido en que la auditoría no puede limitarse a demostraciones parciales ni a entornos controlados: debe incluir acceso efectivo al código fuente (o, como mínimo, módulos críticos), claridad sobre iteraciones entre versiones y publicación de resultados de pruebas técnicas. Organismos como OSCE/ODIHR e IDEA Internacional han señalado que los sistemas de transmisión y agregación deben ser auditables y verificables bajo supervisión plural. La confianza no se exige: se gana con evidencia.
La plataforma del CNE: cuando el control de la vigilancia se centraliza
El otro punto ciego es la concentración de datos sensibles. La Plataforma de Postulación y Acreditación de Testigos Electorales, Observadores y Auditores de Sistemas fue contratada mediante la Licitación Pública LP-CNE-001-(0808), como consta en SECOP II. De acuerdo con el contrato CPS-CNE-034-2025, el CNE adjudicó por $384.000.000.000 un esquema tecnológico para postulación, acreditación y validación de testigos (entre otros roles). Y como referencia histórica usada por la propia entidad, el Anteproyecto de Presupuesto 2025 del CNE consigna $9.431.410.870, calculados “teniendo como referencia el contrato No. 071 de 2021”, para actividades asociadas a testigos electorales.
El costo es un dato. El riesgo estructural es otro: la vigilancia en mesa depende de una plataforma centralizada administrada por el árbitro. Esa herramienta concentra bases de datos masivas, información territorial detallada, credenciales digitales y estructuras organizativas sensibles. Aquí el riesgo es medible: disponibilidad (caídas), integridad (alteraciones) y gobernanza de acceso (quién ve qué, con qué registro y auditoría). En una elección disputada, una caída o una demora ya no es un incidente: es gasolina.
El eslabón humano y el censo: el fraude “analógico” que dispara crisis “digitales”
Y está el eslabón humano. La Fiscalía General de la Nación ha informado, en balances y comunicados institucionales, investigaciones y capturas por conductas como suplantación de jurados y manipulación de documentos electorales. En el boletín del Observatorio Electoral (con base en datos de Fiscalía/Datos Abiertos), entre 2010 y junio de 2025 se registraron 19.130 noticias criminales (denuncias radicadas en el SPOA) por delitos electorales. El antídoto real no es un comunicado: es control cruzado. Por eso el testigo no es un accesorio; es auditor en tiempo real. Su constancia, su reclamación y su evidencia son lo único que evita que un error en mesa se vuelva definitivo.
La vulnerabilidad también vive en el padrón. Informes de seguimiento han advertido atipicidades y concentraciones en procesos de inscripción por cambio de residencia en múltiples municipios. La MOE ha señalado históricamente que irregularidades en inscripción pueden derivar en inconformidades poselectorales y conflictividad local. En una presidencial cerrada, el censo no es un dato administrativo: es un terreno de disputa.
Subir la vara: medidas concretas para cerrar el vacío probatorio
2026 no se salva con confianza institucional; se salva con prueba pública. Antes del día electoral, el árbitro debería publicar y ejecutar un paquete mínimo verificable: bitácoras inmutables y consultables de cambios y accesos; versionamiento y verificación de integridad del software y los datos; pruebas de carga, contingencia y recuperación con métricas de disponibilidad; auditoría externa del control de accesos y de la emisión/validación de credenciales; protocolos públicos de reconteo, reclamación y resolución de inconsistencias; y una línea base anual del censo y su depuración con metodologías publicadas.
La legitimidad no se decreta: se verifica. Y si el sistema no puede demostrar qué ocurrió la noche electoral, el país lo discutirá durante meses.
Pedro P. Unidad Investigativa EL UNICORNIO
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