Por GERARDO FERRO ROJAS
Hace 21 años exactamente, el 28 de julio de 2004, los paramilitares Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, principales cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fueron aplaudidos en el Congreso de la República durante el primer mandato de Álvaro Uribe. Hoy, 28 de julio de 2025, el círculo se cierra: ¡Uribe ha sido encontrado CULPABLE de soborno a testigos y fraude procesal! Si bien se trata de una condena por sus delitos menos graves, no es para nada un hecho menor. Toda la artimaña urdida por Uribe y sus secuaces pretendía desligarlo de sus relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico, e inculpar al senador Iván Cepeda. Así que se trata de un triunfo para todas sus víctimas. Las de la masacre del Aro, las del Bloque Metro, las de los 12 Apóstoles, las de los falsos positivos, las de las chuzadas, de todos los muertos productos de las listas negras del DAS y los paramilitares, incluido el profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andreis, y tantos otros.
La historia de Uribe Vélez está ligada a la historia de violencia del país en sus últimos 40 años. Su vida delictiva empezó con el inicio de su vida política. En 1980, sin ninguna experiencia pública y con escasos 28 años, fue nombrado por Julio César Turbay Ayala como director de la Aerocivil. Turbay recibió dineros del Cartel de Medellín para su campaña, y el nombramiento de Uribe fue el pago por ese favor. Desde la Aerocivil, validó pistas aéreas y matrículas de avionetas compradas por miembros o testaferros del Cartel. Como senador se opuso a todo proyecto de ley contra la extradición, validó legalmente la creación de las Convivir, y como gobernador de Antioquia facilitó política, militar y económicamente el fortalecimiento de las futuras AUC. El Bloque Metro nació y fue entrenado en Las Guacharacas, hacienda de su familia. La parapolítica lo llevó a la presidencia, y luego extraditó a sus jefes para silenciar la verdad. A lo largo de su vida delictiva, al menos 9 testigos en su contra han sido asesinados. Luis Guillermo Monsalve, testigo clave en este último juicio, ha sobrevivido de milagro. Hace unos días, antes del veredicto final, fue trasladado de urgencia a una clínica por haber sufrido un supuesto paro cardíaco. Si a Uribe no lo habían acusado antes no ha sido por la falta de pruebas o testigos, sino por la falta de una justicia rigurosa que no se dejara intimidar o comprar. Durante la Fiscalía de Francisco Barbosa (fiscal de bolsillo del Presidente Duque, presidente de bolsillo de Uribe) se dilató el proceso hasta llevarlo casi a su preclusión. Pero los vínculos con la mafia se conocían desde hacía mucho.
En un informe del gobierno de Estados Unidos de septiembre de 1991, desclasificado en 2004, Uribe Vélez aparece mencionado por sus vínculos con el cartel de Medellín. El entonces senador es identificado como el narco número 82 en una lista elaborada por la DIA (Defense Intelligence Agency), en la que se afirma que se trata de un político colombiano «vinculado a actividades de colaboración con el Cartel de Medellín en las más altas esferas gubernamentales». Dice además el documento que «Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria». El anterior no es el único documento oficial de los Estados Unidos en el que Uribe aparece relacionado como aliado y beneficiario de narcotraficantes y paramilitares. En febrero de 1993, tal como consta en otro documento desclasificado del Departamento de Estado, el senador Luis Guillermo Vélez Trujillo sostuvo una reunión con el oficial político de la Embajada de EU, en la que afirmó que la familia Ochoa, miembros del Cartel de Medellín “había financiado la campaña política de Uribe”. En esa misma reunión, Vélez Trujillo informó a la Embajada sobre las reuniones sostenidas por Uribe con miembros del círculo íntimo de Pablo Escobar (su esposa y su madre), por intermedio de los Ochoa, para negociar su rendición al gobierno, lo que comprueba la cercanía de Uribe con el capo del Cartel de Medellín. El 24 de abril de 1997, el congresista Jorge Valencia Cardona, sostuvo en Bogotá una reunión confidencial con la Embajada de EU en la que manifestó su preocupación por el incremento de la violencia paramilitar en Antioquia; en el documento se habla de “una red de relaciones entre el gobernador Uribe, las Convivir, terratenientes, paramilitares y guerrilleros». En la reunión, Valencia compartió historias sobre las acciones paramilitares y su coordinación con el Ejército en la zona de San Roque, cuna del Bloque Metro de las AUC, y donde se encuentra la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez; dice además Valencia en dicho documento, que Uribe Vélez era conocido por los paramilitares con el alias de El Viejo, alias que también salió a relucir en la sentencia leída por la juez Sandra Heredia. En otro memo, éste del 2004 y desclasificado en 2020, un alto funcionario del Pentágono informó al entonces Secretario de Defensa Donald Rumsfeld que “Uribe casi seguramente tuvo tratos con los paramilitares (AUC) cuando era gobernador de Antioquia”.
Así que las pruebas siempre han estado ahí. Hoy, por fin, se hace algo de justicia, gracias a la juez Sandra Heredia, quien en una lectura detallada de la sentencia, desvirtuó una a una las pruebas de la defensa de Uribe. “El acusado sí conocía el plan que se maquinaba”, afirmó. 21 años después de que sus aliados paramilitares asistieran al Congreso, la justicia colombiana, por fin, lo pone en su sitio: el de los culpables.