Por HORACIO DUQUE*
La lucha contra la corrupción que carcome al Estado conlleva graves riesgos para quienes denuncian a los agentes operadores del robo de los dineros y los hechos de corrupción que implican la apropiación de multimillonarias partidas del presupuesto público por parte de poderosas mafias conformadas alrededor de la contratación estatal.
El escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la identificación de sus artífices y la acción judicial/carcelaria contra los mismos nos mostró la envergadura y penetración de este fenómeno antisocial, y nos puso de presente que la corrupción no es solo una práctica perversa de la derecha; también es una enfermedad de la izquierda y de los movimientos progresistas.
La corrupción sigue haciendo estragos, y el caso de los pasaportes y el de la Registraduría con Thomas Greg and Sons (TGS) y la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, que acumula billones en contratos fraudulentos y con consecuencias muy graves para las libertades democráticas, es la evidencia de esta letal anomalía administrativa y ética.
Hay muchos más casos que son denunciados de manera valiente y frontal por el presidente Gustavo Petro o por líderes como Carolina Corcho, que han destapado el saqueo de la salud, y por miles de veedores ciudadanos y auditores comunitarios que se han multiplicado por todo el país con la reciente apertura democrática.
En nuestro caso, hemos denunciado con varios escritos la grave situación que se presenta en el Sistema General de Regalías, que maneja 32 billones pesos en la actual vigencia presupuestal (2025-2026), objeto de tráfico de influencias, de cobro de comisiones, de robo descarado de los dineros asignados, de extorsiones en los sistemas sancionatorios a contratistas, de compra de calificaciones de operadores, de ventas de los “cumple” en las oficinas de planeación de los ministerios concernidos y de compra de los Certificados Técnicos (CETUS). Los hechos delictuales de robo de las regalías que hemos visibilizado tienen como soporte los documentos dados a conocer desde 2023, por el director del DNP, Alexander López, quien descubrió que el robo a las Regalías en los últimos 90 meses alcanzó la monstruosa cifra de 16 billones de pesos.
En Regalías todo está muy podrido, por lo que urge una reforma a fondo de su sistema de gestión y asignación de los dineros. El caso del Ocad-Paz es aberrante, requiriendo una acción urgente de las autoridades y de los movimientos sociales organizados en los 170 municipios Pdet, que ven cómo las platas para la paz van a parar a los bolsillos de la peor delincuencia política. Así se constata en Meta, Casanare, Arauca, Cesar y Caquetá. En el Ocad-Paz sigue la feria de los contratos que estalló en el primer semestre del 2022 con Emilio Archila ; la sesión del 13 de diciembre del 2024 y la convocatoria hecha recientemente para asignar 2,6 billones de pesos, así lo confirma. Hay necesidad de instalar allí una Auditoría forense en los términos ordenados por el decreto 1600 del 27 de diciembre del 2024 que oficializo la estrategia anticorrupción del gobierno nacional del Pacto Histórico.
Todas estas denuncias, obviamente, han desatado la ira de los corruptos y propiciado la febril activación de su pulsión asesina.
Con este escrito quiero denunciar que he recibido amenazas para “darme de baja” de reconocidos y poderosos contratistas incluidos en el listado entregado por el exsenador Alexander López en sus informes que ya mencioné en los que se indica que solo 11 contratistas y operadores concentran en los últimos 72 meses $6,6 billones en contratos.
En este listado figuran los siguientes contrataderos:
Agencia de infraestructura del Meta con 55 proyectos por $1,6 billones y 194 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades, donde el amo y señor es el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga (ficha santista, con ínfulas feudales de majestad terrateniente llanera) y su sucesora, la señora Rafaela Cortés; los gestores más visibles de una casta política regional (carmelos, liberales alanjaristas y uribistas fanatizados) podrida y criminal asociada con grupos paramilitares asesinos, (Puntilleros, Carranceros y urabeños), militares (VII Brigada, Fudra Omega y Batallón de Granada), delincuencia judicial (Tribunal del Meta) y volteo de tierras urbanas y rurales.
Fundación Universidad del Valle con 151 proyectos por $970 mil millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Fundación que es el centro de una retícula de corrupción con largos brazos en el Eje cafetero, donde hace de las suyas con gobernadores y alcaldes, que aprovechan la franquicia contractual para despojar los dineros de las regalías, desviados para la compra de mansiones, conjuntos urbanísticos y lujosas haciendas ganaderas.
Fondo Mixto para la promoción del deporte, con 185 proyectos por $998 mil millones y 28 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Fondo que es una verdadera alcantarilla manipulada por la actual gobernadora del Valle del Cauca, señora Dilian Toro y su ex gobernadora de bolsillo, Clara Luz Roldan, una campeona de la corrupción con los dineros del deporte y de las infraestructuras deportivas.
Fondo Mixto Sierra Nevada con 264 proyectos por $898 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; propiedad de un reconocido clan del Cesar que en un abrir y cerrar de ojos acumuló una gigantesca contratación con el Sistema General de Regalías y el Ocad-Paz fruto de su tráfico de influencias con los alcaldes de los municipios Pdet de la Sierra Nevada de Santa Marta y serranía del Perijá.
Foncolombia, con 158 proyectos por $468 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Foncolombia es una fachada de roscas corruptas de Bucaramanga, especializadas en desviar dineros públicos para capturar campañas electorales y funcionarios públicos de la región oriental.
AREMCA (Asociación regional de municipios del Caribe), con 196 proyectos por $810.000 millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades, es un operador barranquillero que navega por diversas aguas políticas, recogiendo a conveniencia las suculentas tajadas que su tráfico de influencias burocráticas y legislativas le prodiga.
ASOMUDACAR con 135 proyectos por $621.000 millones y 11 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Asomudacar es una cloaca del Urabá que ha saqueado los dineros de las regalías con contratos en alcaldías para construir letrinas defectuosas y arruinadas en Necoclí, San Pedro de Urabá, Arboletes, Turbo, Chigorodó, Riosucio y áreas rurales de esta región, bajo absoluto control de la banda criminal del Clan del Golfo.
ASOSUPRO, con 70 proyectos por $369.000 millones y 13 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades; Asosupro (flamante Asociación supradepartamental de municipios para el progreso, invento de pícaros) es un artilugio de altos funcionarios del Guaviare y el Caquetá; y de los municipios del Retorno, Calamar, Milán, Albania y San Vicente del Caguán, utilizado para despojar miles de millones de pesos en plantas de energía (Energuaviare), en proyectos productivos (cacao, chontaduro, maíz, piscicultura) y de infraestructura con vías sin terminar entre El Retorno y Calamar. Asosupro es un descarado festín de burguesías burocráticas emergentes con nombres conocidos como los de Nevio Echeverri (en la lista Clinton) y Heydeer Yovanny Palacio Salazar (exgobernador del Guaviare), quien goza de total impunidad merced a sus poderosas influencias en las esferas judiciales, no obstante denuncias de Unión Patriótica y de la izquierda, perseguidos y amenazados por grupos paramilitares, militares y policiales antinarcóticos acantonados en el aeropuerto de San José.
Empresa de servicios públicos de Casanare, con 40 proyectos por $589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; esta Empresa es un parapeto utilizado para sus negocios por personajes como el actual alcalde de Aguazul, Nelson Camacho, principal comerciante de contratos en el Casanare; su fortuna es incalculable y de ahí su enorme capacidad de soborno sobre contratistas de toda laya.
Empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos por $485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; esta empresa es un miedoso hueco de saqueo de dineros públicos en Villavicencio y otros municipios del Meta; ahí comen verdes, alanjaras (los del robo de la refinería de Chichineme), seudoizquierdistas, uribistas y liberales carmelistas.
DISPAC, con 9 proyectos por $421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Dispac es un empresa estatal de energía con sede en Quibdó (donde manda el Clan del Golfo), utilizada por sobresalientes políticos corruptos para el robo de los tendidos de energía en los municipios de la costa pacífica del Cauca, Nariño y Choco. (Ver noticia).
De alguno de estos focos proceden las amenazas para “darme de baja” y los seguimientos para silenciarme. Es bastante probable que esos planes tengan la colaboración y apoyo de funcionarios en el Sistema General de Regalías.
Pido entonces la protección de las autoridades competentes, a las que daré a conocer estas peligrosas amenazas.
Dejo acá los enlaces de mis artículos más recientes, con denuncias sobre la corrupción en Regalías.
Destaco este artículo en primer lugar: https://www.aporrea.org/internacionales/a339797.html
https://www.aporrea.org/internacionales/a334082.html
https://www.aporrea.org/internacionales/a331237.html#google_vignette
https://www.aporrea.org/internacionales/a335706.html#google_vignette
https://www.aporrea.org/internacionales/a338521.html
https://www.aporrea.org/internacionales/a341184.html
https://www.aporrea.org/internacionales/a341805.html
* Horacio Duque es historiador y analista político.