“Hay otro foco de corrupción que hay que avisarle al presidente. Es terrible”. Con esta frase, una fuente encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en una de las entidades que más recursos maneja en el Estado colombiano: el Fondo Adaptación, hoy dirigido por Angie Rodríguez.

Su nombre no solo está en el centro del debate por estas versiones. También lo está por su pasado reciente en el Gobierno y por una historia que, según múltiples fuentes, habría sido determinante en su salida del corazón del poder.

Rodríguez venía ocupando uno de los cargos más sensibles del Ejecutivo: la dirección del DAPRE, el despacho que articula la Presidencia. Sin embargo, su permanencia empezó a desgastarse desde finales de 2025.

Fuentes del Gobierno hablan de diferencias en el manejo administrativo, tensiones con altos funcionarios y reclamos directos desde la Presidencia por falta de coordinación y seguimiento a instrucciones.

Preocupación a otro nivel

Según versiones coincidentes dentro del Ejecutivo, la cercanía —y posteriormente relación sentimental— entre Angie Rodríguez y el representante a la Cámara Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, fue vista como un factor altamente sensible dentro del Gobierno.

No se trataba solo de un asunto personal. El DAPRE es una de las oficinas con mayor acceso a información estratégica del Estado. En ese contexto, distintas fuentes señalan que esta relación generó incomodidad y desconfianza en sectores clave del Ejecutivo.

El tema no es menor en términos políticos y simbólicos. El presidente Gustavo Petro construyó parte de su trayectoria denunciando el paramilitarismo en el país, siendo precisamente Jorge 40 uno de los nombres más representativos de esas estructuras.

En ese contexto, la relación fue interpretada internamente como un punto de quiebre.

Pero, hay algo más: no se puede omitir que Rodríguez es una persona que ha estado siempre del lado de la derecha, su trayectoría así lo confirma:

Angie trabajó entre 2020 y 2022 en la Contraloría General de la Nación durante la administración de Carlos Felipe Córdoba, quien hoy hace campaña por Paloma Valencia. También tuvo vínculos laborales con el concejal de Bogotá Yefer Vega, del partido Cambio Radical, según registros públicos como su informe de gestión de 2019.

El 14 de enero de 2026, Rodríguez dejó la dirección del DAPRE en medio de semanas de presión interna. Su salida no fue un simple relevo administrativo, sino el resultado de un deterioro progresivo en la confianza.

Sin embargo, lejos de salir del Gobierno, fue designada como gerente del Fondo Adaptación, una entidad con capacidad de inversión que supera el billón de pesos y que juega un papel clave en la reconstrucción y mitigación de desastres. Pero el movimiento no cerró las tensiones.

Durante los primeros meses de 2026, la región Caribe enfrentó fuertes lluvias que provocaron emergencias, especialmente en departamentos como Córdoba.

En ese escenario, la gestión del Fondo Adaptación quedó bajo escrutinio. Desde la Presidencia, según fuentes institucionales, crecía la inconformidad por la respuesta estatal, el avance de proyectos y la articulación entre entidades.

Paralelo a este contexto, empezaron a circular versiones aún más delicadas.

Fuentes bajo reserva señalan la existencia de un archivo con cerca de 400 hojas de vida de personas presuntamente cercanas a estructuras políticas en la región Caribe.

Según estas versiones, ese listado incluiría perfiles vinculados a clanes políticos y habría sido utilizado como base para posibles nombramientos o contrataciones dentro del Fondo Adaptación. Una de las fuentes afirma: “Ese Excel es para ubicar gente cercana al clan Gnecco, a congresistas de Valledupar y Magdalena, y a sectores políticos específicos”.

A esto se suma otra alerta: la posible estructuración de procesos contractuales de alto valor —que algunas versiones sitúan alrededor de los 150 mil millones de pesos— mediante esquemas que incluirían convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

También se menciona la entrega de contratación directa en zonas como La Mojana para proyectos de vivienda, infraestructura y temas ambientales.

En medio de este escenario, desde la Presidencia se habría solicitado su renuncia al Fondo Adaptación. Sin embargo, Rodríguez no ha dejado formalmente el cargo, lo que mantiene abierto un pulso interno que ya escaló al ámbito público.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, esta decisión habría generado una reacción por parte de Rodríguez, quien ha hecho públicas críticas hacia sectores del Gobierno y ha planteado cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de algunas entidades.

Este cruce de versiones ha evidenciado tensiones internas y ha trasladado el debate al ámbito público en un momento particularmente sensible para la administración.

Por ahora, el futuro de Rodríguez dentro del Gobierno sigue sin definirse. Su continuidad en el Fondo de Adaptación, pese a la solicitud de renuncia, muestra que se trata de un proceso en curso.

Más allá de los nombres propios, el caso pone de relieve desafíos estructurales para el Gobierno: la estabilidad de su equipo directivo, la capacidad de coordinación institucional y la respuesta frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes.

En ese contexto, lo que ocurra en los próximos días será clave para determinar si se trata de un episodio puntual o de una señal de tensiones más profundas dentro de la administración