Por DIEGO OTERO PRADA
Del jueves 9 al miércoles 15 de abril se vivió en el país una protesta nacional por la decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazi de ajustar los avalúos rurales para cumplir con la ley. Para esto dictó la resolución 2057 del 30 de diciembre de 2026 en que fija los incrementos en los avalúos, que no se habían reajustado en los últimos 30 años, por lo que estaba subvaluados completamente, favoreciendo a los grandes terratenientes.
La resolución del IGAC
El IGAC claramente fijó el máximo incremento que se permitía del impuesto predial con relación a lo cobrado en el año último.
EL IGAG, a través de un comunicado lo explicaba muy bien. El IGAC aclaró de manera categórica:
“El ajuste del avalúo catastral no implica un aumento automático ni proporcional del Impuesto Predial Unificado (IPU).
El avalúo es la base gravable, pero el valor final del impuesto depende de:
- Las tarifas definidas por cada Concejo municipal.
- El Estatuto Tributario municipal.
- Los límites legales establecidos en la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019.
Límites legales vigentes
Para la mayoría de los predios rurales intervenidos:
- El incremento del IPU no puede superar el 50% del valor pagado el año anterior, conforme a la Ley 1995 de 2019.
Ejemplo:
Si un predio pagó $50.000 en 2025, en 2026 no podrá pagar más de $75.000.
Casos particulares previstos en la ley:
- Viviendas de estratos 1 y 2 con avalúo hasta 135 SMMLV: incremento máximo equivalente al IPC (bajo condiciones específicas).
- Predios rurales iguales o mayores a 100 hectáreas: el incremento puede llegar hasta el doble del valor liquidado el año anterior, conforme a la Ley 44 de 1990.
Estos valores son topes máximos legales, no incrementos automáticos.
El IGAC, como gestor catastral:
- Determina el avalúo catastral.
- No liquida, cobra ni recauda el impuesto predial.
- No define tarifas ni beneficios tributarios.
El impuesto predial es un tributo municipal de libre destinación. Son las alcaldías las encargadas de calcularlo, recaudarlo y aplicar los límites legales.
Con la implementación del artículo 49 del PND, el IGAC reafirma su compromiso con el cierre de brechas territoriales, consolidando información técnica precisa que fortalece la planeación, las finanzas públicas y el desarrollo local”.
El paro nacional
Infortunadamente, los alcaldes con sus concejos municipales aumentaron los impuestos prediales por encima de lo permitido por el IGAC, con incrementos en los impuestos prediales superiores en dos y hasta cuatro veces lo percibido en el año anterior, lo que dio lugar a protestas justificadas en muchos sitios del país donde se tomaron incrementos altísimos, lo que sucedió especialmente en Santander y Boyacá.
Yo me encontraba en San Gil, Santander, y sufrí las consecuencias de este paro nacional coordinado por Tatiana Muñoz, una partidaria de la señora Paloma Valencia, que trabaja o trabajaba en su UTL. Fue un paro con motivaciones políticas para culpar al presidente Gustavo Petro, como trató de hacerlo groseramente el gobernador de Santander.
Debía regresar a Bogotá urgentemente y lo hice el lunes 13 de abril, en lo que fue una aventura. Salí de San Gil a las 10 de la mañana en carro con conductor para dirigirme al aeropuerto de Palonegro en vuelo que salía a las 4:15 pm. Antes de Piedecuesta me encontré con el primer trancón. Había una fila de carros de 5 kilómetros, y no tuve alternativa que la de tomar una moto, dejar mi equipaje, excepto el computador, con el conductor para que me lo mandara por Servientrega a Bogotá. Hace 40 años no me había montado en una moto como acompañante. Logramos atravesar el trancón y el campesino que me llevaba me acercó 4 kilómetros después de pasar el trancón a un taxi que lo tomé inmediatamente para Bucaramanga.
Llegamos a la zona del peaje de Lebrija, había otra cola de 6 kilómetros que no nos permitía pasar. Tuve que tomar otra moto y acercarme al peaje que no nos dejaron pasar. Atravesé a los 20 campesinos que no permitían pasar motos y no tuve más remedio que caminar cinco kilómetros en subida hasta llegar al aeropuerto una hora y cuarto más tarde. De lado y lado de la vía eran numerosas las personas que venían del aeropuerto y los que subíamos para llegar al mismo, un poco cansado. Llegué a las dos y media sin problemas y con tiempo suficiente para abordar el avión.
Del peaje de Lebrija al aeropuerto de Palonegro había dos trancones más, para impedir que se utilizaran motos. En uno de esos trancones me acerqué a los que lo controlaban y les dije que lo mejor que podían hacer era ir al municipio y hacerle huelga al alcalde y a los ineptos concejales que aprobaron esos incrementos tan exagerados, en un acto que considero totalmente irresponsable.
Afortunadamente, el miércoles 15 de abril se llegó a un acuerdo para levantar el paro y atender los reclamos justificados. Pero la actualización de los avalúos catastrales sigue siendo muy necesaria.
@DiegoOteroP