Por CIELO RUSINQUE*
En Colombia la corrupción ha alcanzado tal densidad y sofisticación, que difícilmente admite lecturas simplistas: su carácter estructural exige, más que arrebatos morales, una aproximación analítica capaz de dar cuenta de las lógicas que la sostienen y reproducen, así como del progresivo deterioro de la confianza ciudadana que deja a su paso.
Desde esa perspectiva recibí la condena recientemente impuesta al congresista uribista Ciro Ramírez, hoy convenientemente distanciado por el mismo grupo político que antes lo acogía y que ahora se dispone, una vez más, a disputar el poder. Él, junto con el entonces director de Prosperidad Social designado por Iván Duque, integró una estructura criminal orientada al saqueo de recursos destinados a combatir la pobreza y la extrema pobreza. No deja de ser elocuente que quienes más vehementemente denuncian una supuesta cultura del “todo regalado” sean, a la postre, quienes edifican su patrimonio sobre el desmantelamiento sistemático de lo público.
En mi condición de directora del DPS, encargada además de recibir de manos del uribismo una entidad que había sido transformada en una poderosa máquina de clientelismo, me correspondió adoptar las medidas necesarias para contener estos hechos, constituir a la entidad como víctima y procurar la reparación de los daños causados.
La magnitud del denominado caso “Marionetas” exigió decisiones drásticas e inéditas, entre las que destaco: i) la expedición de una circular mediante la cual se fijaron criterios objetivos para la estructuración de proyectos regionales de infraestructura; ii) la instrucción, impartida en los comités de conciliación, de solicitar a la Fiscalía la investigación de los funcionarios de Prosperidad Social involucrados en el escándalo, con miras a garantizar verdad, justicia y reparación institucional; iii) la efectividad de las póliza de cumplimiento del contrato comprometido, lo que permitió recuperar una porción significativa de los recursos estatales.
Hoy se hace justicia, con una condena que sanciona un delito de cuello blanco cometido por un grupo de políticos que pertenece al mismo partido que se opone a las reformas sociales presentadas por el Gobierno en beneficio de los más necesitados; los mismos que no reparan en construir sus faraónicas fortunas sobre la más reprochable corrupción. Que estos casos le permitan a la opinión pública juzgar sobre hechos y no dejarse engañar por quienes hoy se presentan como impolutos defensores de lo público pero no son más que lobos disfrazados de ovejas.
* Superintendente de Industria y Comercio, exdirectora del DPS, exministra de Comercio, catedrática, constitucionalista, latinoamericanista, progresista.