Por CARLOS MEDINA GALLEGO*
La insistencia del presidente Gustavo Petro en convocar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la paz es uno de los mayores ejercicios de coherencia estratégica de un gobierno que apuesta por transformar el Estado sin recurrir a la violencia.
No se trata solo de reactivar un proceso de diálogos suspendido, sino de situar a la insurgencia ante una disyuntiva histórica inédita: por primera vez en dos siglos, el Estado colombiano está conducido por un proyecto progresista que reconoce las desigualdades estructurales que dieron origen a la rebelión armada y que propone reformas profundas por vía democrática.
La postura del ELN —marcada por crisis de la mesa, acciones armadas y escasa voluntad de adaptación al nuevo escenario político— ha generado un choque que no solo desconoce la singularidad del momento histórico: termina coincidiendo, en la práctica, con los intereses de la extrema derecha que la guerrilla afirma combatir.
Este ensayo analiza esa paradoja, contextualiza sus raíces y evalúa las implicaciones políticas de un movimiento insurgente que parece haber perdido la brújula histórica.
1. DE LA INSURGENCIA ANTIOLIGÁRQUICA AL PRIMER GOBIERNO PROGRESISTA
La tradición insurgente colombiana nació en la segunda mitad del siglo XX en un contexto de exclusión política, violencia estatal y ausencia de reformas sociales profundas. El ELN, inspirado en la Revolución Cubana y la teología de la liberación, se concibió como una vanguardia antiimperialista que se enfrentaba a un Estado oligárquico autoritario. Durante décadas, su narrativa encontró sustento en masacres, persecuciones, exterminio político y gobiernos que reprimieron la protesta con una mezcla de clientelismo, militarismo y corrupción.
El Acuerdo de Paz con las FARC-EP (2016) abrió un nuevo escenario político, aunque rápidamente erosionado por incumplimientos del gobierno de Iván Duque y por un resurgimiento de las violencias territoriales. La llegada de Petro en 2022 marca una ruptura histórica: por primera vez, un gobierno plantea reformas estructurales desde la izquierda, con énfasis en justicia social, transición energética, reforma agraria, fortalecimiento de la economía popular y una política de “Paz Total”.
La pregunta central es si una insurgencia concebida para combatir a gobiernos abiertamente represivos puede sostener una lucha armada contra un gobierno que reivindica —al menos discursivamente— muchas de sus banderas fundacionales.
2. LA APUESTA DE PETRO: PAZ, SOBERANÍA y DISPUTA CON EL NEOLIBERALISMO
La política de Paz Total no es una estrategia aislada, sino parte de un reordenamiento de prioridades: sacar la seguridad del estrecho marco militarista; recuperar soberanía frente al tutelaje histórico de Estados Unidos; fortalecer al Estado social mediante reformas estructurales; desactivar la multiplicidad de violencias que azotan a los territorios.
En el caso del ELN, el gobierno restableció la mesa de negociaciones, pactó un cese al fuego bilateral y avanzó en mecanismos de participación social y transformaciones territoriales. Pero estos avances han sido frágiles, constantemente interrumpidos por tensiones internas del ELN, violaciones del cese o desacuerdos sobre los alcances del proceso.
La insistencia del presidente tiene un sentido político profundo: un proyecto progresista no puede sostenerse en medio de una guerra prolongada con una organización que se dice revolucionaria. La guerra erosiona legitimidad, desvía recursos, debilita al Estado social y fortalece a los sectores militaristas y neoliberales que buscan el fracaso del gobierno.
Allí radica el nervio de la apuesta de Petro: la paz es el requisito básico para que un gobierno de izquierda pueda demostrar su capacidad transformadora.
3. LA RESPUESTA DEL ELN: TÁCTICAS DE GUERRA EN UN PAÍS QUE CAMBIÓ
Pese al nuevo escenario político, el ELN ha respondido con una dinámica que evidencia su dificultad para leer el momento histórico:
1. Congelamientos y crisis permanentes de la mesa. La organización ha declarado pausas unilaterales en múltiples ocasiones, alegando incumplimientos o falta de garantías. Estas decisiones han debilitado la confianza y han limitado la capacidad del gobierno de mostrar avances concretos.
2. Disputas internas y fragmentación del mando. La emergencia de estructuras como los llamados “Comuneros del Sur” reveló tensiones internas sobre la conducción política y militar. El ELN mostró dificultades para mantener unidad orgánica en un proceso que exige coherencia estratégica.
3. Acciones armadas de alto impacto. La reanudación de ataques contra oleoductos, operaciones militares y poblaciones civiles ha generado retrocesos graves. Estas acciones han producido daños ambientales, humanitarios y políticos significativos, erosionando la legitimidad de un proceso que requiere mínimos de confianza.
4. Una lectura anclada en la guerra de guerrillas. El ELN sigue leyendo la confrontación como un escenario estratégico para reposicionarse militarmente, sin percibir que el país se ha desplazado hacia un campo de disputa donde la opinión pública, la movilización social y las instituciones son hoy más determinantes que las armas.
4. LA PARADOJA ESTRATÉGICA: COINCIDENCIA OBJETIVA CON LA EXTREMA DERECHA
Aunque el ELN afirma combatir al sistema neoliberal, sus acciones generan efectos que favorecen a los sectores más reaccionarios:
1. Alimentan la narrativa del fracaso del gobierno progresista. La oposición utiliza cada ataque insurgente como prueba de que Petro es incapaz de garantizar seguridad. En un país donde el miedo ha sido históricamente un dispositivo electoral, este efecto es políticamente devastador.
2. Reforzamiento del militarismo y del Estado de excepción. Las acciones armadas justifican llamados a aumentar el gasto militar, limitar libertades civiles y desmontar avances en derechos humanos. El ELN termina siendo funcional al mismo modelo autoritario que denuncia.
3. Bloqueo de la agenda de reformas sociales. Un gobierno asediado no puede mover reformas profundas. Las tensiones de seguridad se convierten en argumento para frenar transformaciones en salud, tierras, protección social y tributación progresiva.
4. Fragmentación del campo popular. El conflicto armado divide a las comunidades, dificulta el trabajo social y favorece la cooptación clientelista de la derecha, que capitaliza el miedo y la desconfianza para restaurar hegemonías perdidas.
El resultado es una paradoja: el ELN contribuye, por la vía de los hechos, a debilitar al único gobierno que ha abierto una oportunidad de reformas pro-populares en décadas.
5. EL MOMENTO HISTÓRICO QUE EL ELN NO ESTÁ COMPRENDIENDO
Tres rasgos del presente colombiano muestran la desconexión estratégica del ELN:
1. Una ciudadanía politizada y movilizada. Las protestas de 2019–2021 y la elección de Petro revelan un país donde la disputa política ya no se juega únicamente en el terreno armado. La lucha hoy es cultural, institucional y electoral, y la violencia armada pierde legitimidad ante nuevas formas de organización popular.
2. Un Estado en transformación. Aunque limitado, el gobierno del Pacto Histórico ha introducido reformas reales, ha abierto espacios a movimientos sociales y ha impulsado una crítica frontal al modelo neoliberal. Combatir a este gobierno como si fuera uno más de la derecha oligárquica es un error de apreciación histórica.
3. Un entorno internacional que exige soluciones negociadas. La crisis climática, el agotamiento del paradigma global de guerra contra las drogas y la presión por modelos de seguridad humana hacen que las insurgencias armadas pierdan legitimidad global. La ruta para influir políticamente hoy es el diálogo, no la guerra.
6. CRÍTICA RIGUROSA A LA POSTURA DEL ELN
Una evaluación seria de la conducta del ELN revela:
1. Ceguera estratégica frente al carácter progresista del gobierno. Tratar al Estado de Petro como si fuera el mismo aparato represivo de los años ochenta es desconocer la naturaleza del cambio político.
2. Afectación grave a las comunidades que dicen defender. Los ataques, secuestros, extorsiones y disputas territoriales castigan a las poblaciones más vulnerables: campesinos, indígenas, afros, jóvenes precarizados.
Falta de democratización interna. La dificultad para resolver disputas orgánicas indica un déficit de deliberación que contrasta con el discurso de participación popular que la organización proclama.
Pérdida acelerada de legitimidad social. Los movimientos sociales —feministas, ambientales, estudiantiles, sindicales, comunitarios— se han distanciado de la lucha armada como forma de transformación.
IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE
La insistencia de Petro en convocar al ELN a la paz es una apuesta estratégica que parte de una comprensión histórica: sin paz no habrá reformas, sin reformas no habrá legitimidad para la izquierda, y sin legitimidad la derecha restaurará su poder con mayor fuerza.
El ELN, al persistir en una confrontación armada contra un gobierno progresista, se sitúa fuera de la historia y fuera del campo popular. Su estrategia no solo contradice los fundamentos políticos que dieron origen a la insurgencia: entra en convergencia objetiva con la extrema derecha que busca el fracaso del gobierno del Pacto Histórico.
Colombia vive una coyuntura excepcional. Por primera vez es posible pensar en transformaciones democráticas profundas por fuera de la guerra. La insurgencia debería leer esta oportunidad como una ventana histórica para participar de la vida política sin armas, no como un escenario para prolongar un conflicto que ya no tiene horizonte revolucionario.
Si el ELN no rectifica, quedará registrado no como un actor de cambio, sino como una fuerza anacrónica que contribuyó —por acción o por omisión— a frustrar uno de los momentos más prometedores para la paz y la justicia social en la historia del país, el inicio y la continuidad de una era de gobiernos progresistas.
* Carlos Medina Gallego es Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la misma Universidad.