Por Juan Pablo Calvás
Publicada en El Tiempo
El periodista considera una torpeza inconmensurable que pasen y pasen los días y no se sepa quiénes ordenaron las interceptaciones que hizo Inteligencia del Ejército contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición política, periodistas nacionales y extranjeros, e incluso miembros de las Fuerzas Armadas y del Estado.
Calvás recuerda lo que dice la Ley 1621 de 2013 en su artículo 14, cuando estipula que las actividades de inteligencia “deberán ser autorizadas por orden de operaciones o misión de trabajo emitida por los directores de los organismos (…) y deberán incluir un planteamiento”.
Por eso se pregunta: ¿quiénes deberían haber sido consultados y deberían haber autorizado seguimientos y perfilamientos que claramente van en contravía de la protección de la información personal de las más de 130 personas referenciadas en las carpetas?