Por DARÍO DE JESÚS MONSALVE, arzobispo emérito de Cali
Es quizás muy atrevido desde mi condición de Arzobispo emérito de Cali tratar el tema de la paz nacional y sugerir, en la hora actual de suspenso político, algunos enfoques que puedan aportar algo al acervo de análisis, propuestas y proyectos. De ahí el carácter más de interrogantes y de modos potenciales en el lenguaje que voy a usar.
¿UN CÍRCULO VICIOSO?
Es la primera sensación de desgaste y de retorno a la confrontación armada que emerge de los procesos logrados y de los suspendidos, como es el caso con el ELN. Caemos en el patinadero de enfoques cortoplacistas, de débiles estructuras civiles de paz, frente a fuertes organizaciones de guerra; es decir, caemos en un desbalance absoluto de partes y contrapartes, además de vacíos de continuidad en los procesos. Estos terminan siendo más iniciativas de gobiernos de turno, que procesos de la Nación como tal.
El más crudo ejemplo de círculo vicioso, son los repetidos y fallidos intentos con el ELN, cifrados en el ideal de una gran concurrencia o movimiento nacional de paz, una “paz total”.
El dogma “ideológico” y armado de los GAOs, o el dogma punitivo y militarista del lado estatal, sumen en crisis insalvables los débiles procesos.
Es posible la solución política y concertada, sólo si no se sacrifica la seguridad de la población y si se garantiza una voluntad común clara y explícita por el cese del fuego, del proselitismo y del reclutamiento; y por el respeto a las autoridades etnicas, sociales y civiles, que han de ser actores y constructores de paz, junto a los habitantes de cada ente territorial.
¿GOBIERNOS O NACIÓN?
Muy pronto, en el estrecho cuatrienio presidencial, el eje gobiernista de la paz, hasta ahora anclado en la Oficina del Alto Consejero o Comisionado (OACP), reclama el anclaje en tierra firme, que es la población civil y sus territorios rurales y urbanos.
Aquí reside el correctivo más fundamental: si bien la voluntad de los gobiernos pudo dar comienzo a contactos y mesas de diálogos, los grandes marcos son lo constitucional y jurídico, enfocado en lo territorial y comunal, lo gremial y generacional, lo étnico y organizacional, lo interinstitucional y sectorial.
Este direccionamiento, no solo de líneas verticales y horizontales, sino de dinámicas centrípetas, centrífugas y circulantes, entre Sociedad, Estado y Economía, por usar imágenes de movimientos vitales, son componentes de una generosa política de paz.
No basta con una “ley de paz” que puede quedar como “puerta en medio potrero”, sin sentido y aplicabilidad. Habría qué dimensionar la arquitectura y las estructuras de la paz, garantes de una cultura de paces con y entre armados y, especialmente, del real protagonismo de la población civil en la obra y empresa colectiva de la paz.
Mas que una OACP (Oficina del Alto Consejero para la Paz), habría qué implementar una gran convocatoria constitucional y nacional, acompañada de propuestas que estimulen la dejación de las armas y, sobre todo, el desmonte de mano de obra para GAOs, GDOs, GAORs, BACRIMs. La necesaria dejación de economías ilegales, implicaría los usos lícitos y ancestrales de las plantas, la sustitución y cierre progresivo de los territorios cultivados, quizás la reubicación de poblaciones en otros territorios con nuevo proyecto económico estatal definido. Es decir, se requiere un marco que posibilite en la práctica la erradicación real y la transformación territorial. Este sería el gran desafío de una paz como Nación y no con el mero apellido de cada gobierno.
De arriba hacia abajo, de lo colectivo de la Nación hacia lo específico de la población, desde el reordenamiento del territorio y el uso del suelo, del subsuelo y de las “energías limpias”, se haría posible superar el conflicto violento: salir del “dogma” de la lucha armada, frenar el armamentismo social y el militarismo estatal y, sobre todo, taponar el desangre bélico y criminal, la tragedia de la violencia y de sus víctimas y el oprobio de la impunidad.
¿FUERZA PÚBLICA Y SOCIEDAD CIVIL?
Este punto es un capítulo central y delicado en la construcción de la paz como Nación. La población civil es por naturaleza desarmada y cada vez con menos armas amparadas en su poder. Su “brazo armado” son las FFFAA de la Nación y su legítimo accionar para proteger la vida, la convivencia pacífica, los bienes y la soberanía nacional.
¿Cuál sería el rol de las FFAA de la Nación en la tarea colectiva de paz?
Ni reducirlos a mero bulto y convidados de piedra en la construcción de paz, ni conferirles un manejo a base de fusil y miedo en los territorios, ni mucho menos involucrar a la población como su apéndice, o su informante, o su línea “paramilitar” o de “autodefensa”, que los involucra y que corrompe la relación entre Fuerza Pública y Sociedad civil.
El paso de civiles a la fuerza pública y al nuevo servicio nacional social y ambiental, es un muy buen precedente para reestructurar también el ejercicio militar mismo, no solo en cuanto a la protección de los derechos humanos, civiles y colectivos, sino también como gran gestor territorial de paz, en toda la geografía patria y en todas sus fronteras geográficas, marítimas y espaciales.
Bajo el mando del poder civil constitucional, las FFAAA son el más grande activo de la sociedad y del Estado para disuadir a todos los actores ilegales y a quienes pretendan actuar en contra de la soberanía nacional. Me pregunto si no podrían ser también un activo que persuade, no solo al sometimiento individual o grupal, sino también a la transición y, porqué no, a la regularización como militares activos de quienes tengan las condiciones para ello.
Me pregunto, igualmente, si la inmensa red territorial de la organización militar y policial, podrían actuar como instrumento estatal para extender coberturas sociales de paz bajo la certificación de desmovilización y proceso de desmonte de estructuras.
Me atrevo a creer que la dignificación de las condiciones de vida, la formación doctrinal ajustada a los derechos humanos y al DIH y el cambio en los protocolos para el ejercicio de la fuerza, entre otros propósitos, son una cuota inicial hacia un papel nuevo y fuerte de la fuerza pública en la paz nacional.
¿FRACASÓ LA PAZ TOTAL?
En el ambiente electorero que domina lo mediático y lo político, los juicios son, generalmente, desmedidos y sesgados. La obra de paz nunca fracasa mientras no sea usada para justificar nuevas agresiones, alimentar odios mayores y reforzar dinámicas y posiciones belicistas.
Volver la paz un pretexto y un arma para guerras más agudas, o ridiculizar hasta el lenguaje y la misma palabra “paz”, como se ha hecho en el pasado, hace que lo que escribimos o hablemos sobre ella quede descalificado como tonterías de apaciguadores o elucubraciones de “pazólogos”.
Pero no: el país del Frente Nacional, de Justicia y Paz, del Acuerdo con las FARC, del diálogo con el ELN, de la superación civilista del Estallido Social, de las Mesas de Paz Total abiertas, no está sepultado en la crisis que se han dado, ni en la más vigente del Catatumbo, ni en la incerteza generada en algunas mesas, ni en los niveles de inseguridad que se viven en gran parte del país.
*El país va emergiendo, en medio de muchas violencias, hacia un retorno al campo, a la tierra y a la producción; el reencuentro social y la restauración del autogobierno civil y ciudadano, son esfuerzos de organizaciones étnicas y sociales, de organismos nacionales e internacionales, de Instituciones e Iglesias, de ONGs y movimientos.
*La “verdad” de lo que pasó y de lo que sigue pasando, aún no se erige a plenitud, pero hacia ella se camina, así parezca tan difícil y riesgoso. El ambiente mediático y de redes, las descalificaciones, las “fake news” y la desinformación sistemática, desdibujan la objetividad y la confiabilidad de lo que se dice. Pero la realidad de lo que pasa y los datos estadísticos en muchos campos, no sólo afirman un grado de normalidad, sino también de superación y de relativa mejoría en no pocos campos de la vida nacional y local.
*La JEP deberá sobrevivir, una vez más, al intento de “hacerla trizas”. La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC del 2O16, requerirá posibles acuerdos a posteriori que lo amplíen y hagan más común a todo el espectro de “paz total” que se logre consolidar en este gobierno, o de una nueva visión de paz nacional que se geste.
*De una paz parcial en 2016, a “una paz total” actual, de las banderas alzadas en armas a la única bandera patria que cobije a toda la sociedad, hay mucho trecho. Pero lo ganado ya, lo firmado y sellado no debería controvertirse más en la arena electoral, ni mucho menos pretender desconocerlo en los gobiernos que se alternen. Hay qué buscar el mecanismo de cumplimiento obligatorio de los acuerdos, como marco primordial para hacerlos.
*Las Mesas urbanas y con disidencias deberán sostenerse y se deberá buscar que el EGC o Clan del Golfo sea partícipe de la tarea de paz, con el desmonte de sus estructuras paraestatales.
¿QUÉ HACER CON EL ELN?
*El ELN, a los casi sesenta años de la muerte de Camilo Torres Restrepo (15 de febrero 1966), debería ayudar a la sociedad civil colombiana a reconfigurar su aspiración a una paz nacional y en las fronteras, atendiendo el llamado y el acompañamiento de Instituciones como La Iglesia colombiana y El Vaticano, así como los buenos oficios de Países Garantes y de la ONU.
La búsqueda de un gran movimiento nacional de paz, que vaya reintegrando a todos los connacionales, que aproveche los aportes ya hechos al primer punto de la Agenda sobre “participación de la sociedad” y que, con audacia de paz, transite hacia el segundo punto, “democracia para la paz”, coincidente con la movilización electoral adveniente, debería consolidarse como razón de ser de un nuevo diálogo tripartito: ELN/ ESTADO/ COMUNIDADES TERRITORIALES.
Esto podría cambiar las cosas, quizás no con una voluntad política de diálogo con el gobierno actual, pero sí con una clara “voluntad solidaria” con las poblaciones y su construcción de paz, empezando en los territorios donde el ELN vive y actúa.
La paz de Colombia demanda del ELN el tránsito de la vía de la confrontación armada, que ahora se da más en conflictos colaterales que en la rebelión subversiva, hacia comunidades de reintegración y arraigo en poblaciones rurales y urbanas determinadas, haciéndose partícipes de la paz integral.
La lucha por territorios, rutas marítimas y de fronteras, así como la guerra contra la fuerza pública, unida a una larga historia de daño ambiental y de juventudes sacrificadas, deberían urgir al COCE y a las organizaciones afines a una revisión de fondo. La lucha de clases es ciertamente una persistente y opresora realidad social, pero no es ya su “agudización” ni son los manuales de su “doctrina” el camino hacia los nuevos factores de unidad y de empoderamiento territorial y nacional.
¿CAMINAR HACIA LA UNIDAD?
La hora del Continente Americano, con la provocación e imposición absolutista de Trump, enloquecido con “los poderosos aranceles”, con la persecución y repatriación a los migrantes y con la conversión de las grandes riquezas como la suya, a
las criptomonedas, conduce a los pueblos y naciones a fortalecerse, interna e internacionalmente, ante esta nueva coyuntura hegemónica del MAGA (hacer a America GRANDE otra vez).
Además de los factores globales, sobre todo climáticos; de la tensión entre globalistas y patriotas, entre estatistas y privatizadores, entre el mundo monopolar y el multipolar, llega ahora esta disrupción, tóxica y aún incalculable, entre Estados Unidos y el resto del mundo, incluidos nosotros, dizque ¡los “consentidos” estratégicos de USA!
Este llamado histórico y forzoso a la unidad, proveniente de las coyunturas históricas, nos permita a todos, desde cualquier orilla, aportar a los esfuerzos de gobierno, sociedad, empresa y Estado, para garantizar nuestra autodeterminación como país, nuestra exigencia de derechos y cumplimiento de deberes y pactos, nuestra capacidad y autoridad moral de diálogo y de liderazgo, que no de narcotráfico y crímenes con mercenarios, en la concurrencia internacional.