Por HORACIO DUQUE *
Lawfare es la guerra jurídica que le ha hecho desde 2022 la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y a su Plataforma programática de transformaciones estructurales para alcanzar la paz, la justicia social y ambiental.
Ahora el turno es para la Ley 2381 del 2024, por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones.
Esta nueva legislación, inspirada en la movilización popular y en la base programática del gobierno popular, establece un conjunto de normas que favorecen los derechos de la población adulta, en particular a más de tres millones de ciudadanos mayores que se encuentran en absoluta desprotección, pobreza y abandono social, a quienes se entregará mensualmente una asignación de 224 mil pesos (55 dólares).
Una vez fue aprobada esta ley, con los trámites correspondientes, fue colocada bajo el control constitucional de la Corte Constitucional. Ahora bien, se desató desde la ultraderecha neofascista una cascada de demandas e impugnaciones orquestadas por una de las más reconocidas fichas del uribismo, la senadora Paloma Valencia, quien con argucias y leguleyadas se ha empeñado en destruir todos los derechos consagrados en esta importante pieza legal del derecho social, mientras los de su conglomerado oligárquico son depositarios de insultantes privilegios pensionales y prestacionales, precisamente en Colpensiones, la institución pública que atiende tales prerrogativas.
En esos términos, un magistrado de la caverna reaccionaria, el señor Jorge Ibáñez, de las corrientes más oscurantistas de los medios jurídicos de las altas cortes colombianas, ha proyectado el 18 de febrero del 2025, una ponencia para que la Corte Constitucional en pleno declare inexequible la ley 2381 anulando los avances sociales alcanzados por el gobierno nacional y la movilización popular.
El pronunciamiento tiene un claro filo político y antisocial que debe ser rechazado por las mayorías populares del país.
En ese sentido la principal alternativa para defender la ley es la movilización social y popular frente a la Corte Constitucional en el Palacio de Justicia.
No hay que dar más tiempo a la dilación y la maniobra de la ultraderecha que se quiere cobrar una victoria contra los derechos populares anulando este gran salto social representado en la ley que estamos defendiendo con ahínco y compromisos.
Que los jóvenes, las mujeres y toda la potencia de la multitud constituyente hagan sentir su repudio frente a esta andanada de las elites plutocráticas cargadas de odio contra las personas en condiciones de vulnerabilidad social.
* Horacio Duque es historiador y analista político.